El defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, reveló que envió una formal sugerencia al ministro de Cultura y Educación de la Provincia, Luis Basterra, proponiéndole que se gestione la posibilidad de que los padres o vecinos beneficiarios de planes sociales otorgados por parte del Estado nacional, realicen o colaboren con los servicios de limpieza en los establecimientos educativos públicos, además de resguardar la seguridad e integridad de los mismos.

El funcionario explicó que de esta manera hizo lugar a la petición de madres y padres que envían a sus hijas/os a diferentes establecimientos públicos, tanto en la capital como en el interior provincial, “y que se quejaron por la falta de higiene en baños, cocinas y otros lugares de las escuelas públicas, las que también son blancos preferidos de hurtos y robos de elementos valiosos para la educación de nuestros jóvenes, y a lo que se le suma la permanente comisión de daños y perjuicios a las instalaciones que el Gobierno de la Provincia continúa promoviendo y concretando en todo el territorio provincial”.

En tal sentido, Gialluca recordó que se podría llevar adelante la suscripción de convenios con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -Agencia Territorial Formosa- o con otros organismos nacionales que poseen los registros de personas beneficiarias de un programa social como la AUH o el plan Potenciar Trabajo.

Desde el organismo provincial se recordó que el decreto que en el año 2009 instauró la AUH -y la Ley 24.714- obliga a los padres de hijos de entre 5 y 18 años a que, para percibir la asignación, acrediten “la concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos”, además del cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio.

A esto se le suma el Plan Potenciar Trabajo, creado en el 2020, que unificó a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, donde sus beneficiarios deben realizar una contraprestación, participando en proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio- comunitarios, o a través de la terminalidad educativa, esto es la finalización de los estudios primarios o secundarios.

El incumplimiento de los compromisos asumidos o la inasistencia frecuente, generarán la suspensión del beneficio, que puede ser revertida con una solicitud pasados los tres meses de la suspensión.

Gialluca aclaró que “frente a la difícil situación socioeconómica que vive el país y de la cual no está exenta la provincia de Formosa, esta sugerencia se concreta, para beneficiar, no solamente a los titulares de planes sociales, sino a toda nuestra comunidad”, y recordó que la posibilidad de quitársele la prestación a una persona únicamente se prevé cuando se encuentra prófuga o privada de su libertad, justamente porque en este último caso, no podría cumplir con sus corresponsabilidades laborales que exige, por ejemplo, el Plan Potenciar Trabajo en su Resolución 121/20 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Son 141 los programas sociales activos

De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la UCA son 22 millones los asistidos por el Estado en Argentina. En los últimos 19 años la cantidad de personas que perciben algún tipo de ayuda social se multiplicó por 10.

Se calculan unos 800 millones de pesos por día destinados a planes sociales, en un país donde, al menos, 4 de cada 10 argentinos son pobres. Son 141 los planes estatales activos, y uno de los centrales es el Potenciar Trabajo con más de un millón de beneficiarios. Los destinatarios pueden ser tanto argentinos, como extranjeros con residencia permanente, pero el programa es incompatible con jubilaciones contributivas o no contributivas.

Gialluca señaló que los beneficiarios son personas en situación de vulnerabilidad, que no tienen otros ingresos, o están en trabajos informales. Los pasos para recibir un plan social comienzan con la solicitud en un sitio web. Luego se realiza un registro: se cruzan los datos para chequear su patrimonio y averiguar si el solicitante tiene un trabajo formal. Los mecanismos de control existen, pero tendrían que ser mejorados, consideró el funcionario.