El transporte urbano de pasajeros en Formosa presenta una serie de dificultades que lo vuelven imprevisible. Esta semana, sin ir más lejos, a último momento se informó que no se concretaría una suspensión del servicio anunciada por la Federación de transportistas (Fatap).

A decir verdad, los conflictos en este ámbito recorren todo el país con una frecuencia preocupante, y la mayoría tiene que ver con la falta de una política federal.

Hace años que las provincias reclaman infructuosamente por el tratamiento privilegiado que recibe la metrópolis porteña. Varios diputados nacionales del interior, por ejemplo, respaldaron este año con un proyecto de ley el pedido de un “boleto federal”, planteado por los intendentes de ciudades como Córdoba, Rosario y Santa Fe. El objetivo, equilibrar el reparto de los subsidios al transporte entre el interior del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El problema, abordado reiteradas veces en esta columna, no es nuevo. De hecho, hay investigadores que entienden que la diferenciación entre el área metropolitana y el interior del país es “histórica”.

Hace años que gobernadores y jefes comunales de distinto signo político tratan de hacerles entender a las autoridades nacionales -también de distinto signo- que los subsidios deben distribuirse con un criterio federal, en vez de ser destinados casi de manera exclusiva al AMBA. La Mañana reflejó en sus páginas cada propuesta. Todas fracasaron por igual.

La desigualdad es hija de un esquema de subsidios a las tarifas de los servicios públicos que nunca fue diseñada con criterio federal. Por el contrario, en sus diferentes formas ha tenido al AMBA como destinatario cuasi exclusivo.

En el caso de la electricidad, el mantenimiento de las redes y la consiguiente inversión en equipamiento no dependen de las distribuidoras del AMBA sino del Gobierno nacional, mientras que en el interior son las empresas provinciales las que deben afrontar esas tareas, lo que impacta en las boletas de la luz.

En materia de transporte público las diferencias no son menos elocuentes: el 85 por ciento de los subsidios al transporte queda en el AMBA y un 15 por ciento se distribuye al resto del país. Este año, como el Gobierno nacional viene operando sin Presupuesto, las arbitrariedades podrían incluso crecer.

A raíz de ello, el servicio sufre graves deficiencias en muchas ciudades, a pesar de los esfuerzos que realizan algunos gobiernos provinciales, y otros tantos municipios, para sostener con fondos propios el funcionamiento de los colectivos urbanos. De ahí los reclamos permanentes de la gente del interior por un servicio caro y malo -comparado con el que se brinda en el AMBA-, y de ahí también la sucesión interminable de conflictos entre choferes, empresas y ejecutivos municipales.

Es cierto, el Gobierno nacional debe imaginar fórmulas para ir hacia un esquema realmente federal de tarifas. Pero ello no libera de responsabilidad a los gobiernos locales, que debieran consensuar posturas más firmes ante el PEN, sin especulaciones políticas que lo único que hacen es demorar la solución.