La impresionante marcha federal universitaria del martes último, con epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y repercusiones masivas en todo el país, fue una muestra contundente de las convicciones que animan a la sociedad argentina en defensa de la universidad pública.

El carácter variopinto de las movilizaciones que tuvieron lugar contra los achiques presupuestarios, por otra parte, vino a confirmar que existe un puente que nos une.

El enorme respaldo a esta manifestación federal puso en alto el valor compartido que representa la educación pública en la Argentina; un valor que, al menos hasta aquí, no había sido considerado en su justa dimensión por el Gobierno libertario.

No sabemos si, como ha dicho un medio español, se trató del “primer gran freno al experimento político que lidera Milei”; lo que es seguro es el masivo alineamiento social con los principios reformistas que han dado carnadura a la Universidad argentina: su carácter público, laico y gratuito. Por eso anteayer pudo observarse tanta diversidad en las marchas; desde la izquierda, hasta liberales, pasando por peronistas, radicales y dirigentes y militantes de otras expresiones políticas, todas y todos mezclados con rectores, decanos, docentes, estudiantes e incluso gremialistas y trabajadores/as.

La Universidad Pública, aceitando las auditorías que ya se realizan o introduciendo nuevos controles, contiene los cimientos para la diaria tarea en la construcción de la excelencia académica, la inserción social, la vinculación territorial y su complementación productiva principalmente con los gobiernos provinciales y municipales, así como con sus entidades intermedias, organizaciones no gubernamentales y el sector privado.

Para que las universidades públicas puedan desarrollar esa alta misión son imprescindibles dos cosas: contar con una justa y actualizada asignación presupuestaria y trabajar en la optimización de esos recursos públicos. En esa dirección deberán trabajar el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las autoridades educativas del poder central después de la contundente demostración del 23 A, esforzándose para alcanzar soluciones y generar los diálogos que sean necesarios entre todos los actores de la vida universitaria.

El cumplimiento de los ambiciosos objetivos que la Universidad argentina tiene como desafío en el contexto de un país que busca dar un salto cualitativo que mejore las condiciones básicas de sus habitantes, implica sostener e incrementar -en lo posible- los aportes que con mucho esfuerzo, año a año, el Estado nacional destina a la educación para el mantenimiento de su infraestructura, la provisión de becas, la compra de materiales e insumos y la concreción de las obras necesarias para su crecimiento, entre otras necesidades. Pero también, eso supone la justa y acorde retribución por el trabajo especializado que sus docentes e investigadores realizan junto al inestimable aporte del personal no docente.

Cuanto se logre avanzar ayudará a poner en foco la razón de ser de la Universidad Pública: sus estudiantes.