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Peligrosa sangría



El impiadoso plan “motosierra” que viene aplicando el Gobierno nacional, que entre otros amplios rechazos ha generado la marcha convocada para hoy por universidades públicas de todo el país, tiene orígenes oscuros vinculados en cierto modo con la cultura clientelista y prebendaria que echó raíces en nuestro país hace ya varias décadas.

Los conocidos manejos turbios e inescrupulosos de fondos públicos -tanto los casos que pudieron ser ventilados en la Justicia como aquellos que siguen bajo sospecha y que alcanzan a varios gobiernos-, lamentablemente, llevan a pensar que hay una notable falta de conciencia cívica y moral en altos niveles de la conducción del Estado y en parte de la sociedad.

La viabilidad de una República supone la celosa defensa del principio de la transparencia. Y si algo ha faltado en todos estos años, precisamente, es transparencia, por ejemplo, en el otorgamiento de Ayudas del Tesoro Nacional (los “famosos” ATN) a las provincias.

En todas las administraciones se hicieron denuncias, por lo general relativas al favoritismo en el reparto de estos fondos a las provincias. No por casualidad las más beneficiadas resultaron ser, casi siempre, aquellas que compartían color político con la Casa Rosada.

Ha habido casos paradigmáticos, realmente escandalosos. Pero el colmo se produjo cuando tomó estado público una carta enviada por un diputado nacional de Tucumán, en marzo de 1995, al entonces secretario del Interior de Carlos Menem; en esa misiva, el exlegislador reclamaba el envío de ATN para 16 comunas de su provincia por un monto de 550.000 pesos y daba a entender que si se asignaba la mitad de lo pedido podría solucionar sus deudas personales y terminarían sus “penurias”, aludiendo a supuestas colaboraciones que el diputado habría efectuado a esos Municipios y que no le habían sido devueltas.

Los caprichosos ATN surgieron en 1988 en virtud de la Ley 23.548, que estipula que el uno por ciento de lo recaudado en concepto de ingresos coparticipables pasaba a integrar un fondo administrado por el Ministerio del Interior y distribuido entre las provincias con el fin de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. Pero el simple hecho de que el destino de tales fondos no debía ser rendido convirtió a dichos aportes en un instrumento propiciatorio de todo tipo de arbitrariedades y en caldo de cultivo para la corrupción.

Así como no hay justicia cuando la “motosierra” amputa de forma brutal e indiscriminada, no habrá transparencia posible en el Estado en tanto y en cuanto no se conozca el destino de cada partida de fondos públicos. El mismo criterio, está demás decir, debería aplicarse al conjunto de los planes sociales.

Buscar una mayor cristalinidad en la administración pública será fundamental para que la ciudadanía recupere la confianza no sólo en las instituciones de la República, sino en la democracia misma. Pero guarda, esto no se logrará con actitudes burdas o torpes por parte de funcionarios/as que no miden las consecuencias y, con sus peligrosos recortes, generan una sangría que podría resultar peor que la enfermedad.



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