Nunca faltan, cuando se cuestiona la alta presión impositiva en la Argentina, o cuando se plantea si el Estado tiene derecho a permitir la acción simultánea de tantos impuestos sobre un producto determinado, las voces maquinales que responden que los/as contribuyentes exageran o se quejan sin razón.

Si la protesta es de algún sector productivo, o del campo en particular, la respuesta, por lo general, es que en los países escandinavos, por ejemplo, los impuestos son mucho más altos que en el nuestro.

Más allá de si el dato es corroborable en la realidad, y salvando el hecho de que los escandinavos no figuran entre los principales productores de alimentos del mundo, lo cierto es que en aquella región del planeta, el Estado, con lo que recauda, brinda servicios gratuitos de primera calidad en numerosos rubros.

En Argentina, por el contrario, el Estado -en todos sus niveles y en la mayoría de los sectores que atiende- ofrece servicios de muy baja calidad porque el objetivo de la recaudación no es financiar programas de asistencia comunitaria sino cubrir el constante y creciente déficit fiscal. En la comparación, entonces, mientras los estados escandinavos legitiman ante sus respectivas sociedades las altas tasas impositivas vigentes, en la Argentina la acción combinada de presión tributaria, déficit y malos servicios agrava el cuadro.

El problema tiene varias aristas. Se podría insistir en cómo afecta a la producción, dado que las y los agricultores muchas veces tienen que arriesgarse a invertir en una cosecha cuyo resultado es incierto, sabiendo de antemano que de los recursos que finalmente obtenga, el Estado se quedará con la tajada más grande.

Es atendible el reclamo de quienes sostienen que se necesita estimular la inversión para producir y exportar más, y que para ello es ineludible reducir la carga impositiva. Pero hay un aspecto mucho más grave: la regresión que implica el cobro por igual de gravámenes como el IVA a toda la población.

Existe una coincidencia generalizada en que la Argentina debe avanzar hacia una reforma impositiva. Poderosos e influyentes voceros de los sectores productivos, del comercio y los servicios afirman que el país debe simplificar el sistema, ampliar la base de quienes pagan sus tributos y eliminar las cargas distorsivas. Pero pocos se acuerdan de que la gente más humilde -aún quienes son criticados/as por recibir planes sociales- también contribuye, y de manera no progresista, a financiar el enorme déficit estatal.

Los desacuerdos son notables a la hora de proponer qué impuestos deben ser reemplazados, cuáles deben ser corregidos y cómo deben repartirse los recursos entre la Nación y las provincias, y a su vez, entre éstas y los municipios que las conforman.

Mientras tanto, las injusticias tributarias perduran, con el agravante de que no ofrecen buenos resultados, ni productivos ni sociales. Conscientes de ello, nuestros gobernantes deberían auscultar a fondo la situación y consultar a los mejores especialistas para sugerir una reforma que tenga un amplio consenso y suponga un paso adelante para el crecimiento.