Luego de más de 140 días de cuarentena y un sostenido clima de incertidumbre en lo sanitario, lo económico y lo social, resulta necesario tener en cuenta algunos datos relacionados con erogaciones del Estado nacional que no se vinculan con los requerimientos originados por la pandemia, y que marcan la importancia de mantener una serie de objetivos en materia económica para poder lograr una salida ordenada de la crisis actual.
Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino reveló que según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso la Administración Nacional tuvo, en el primer semestre del 2020, el siguiente comportamiento: el déficit primario, antes del pago de intereses, pasó de 1% a 8% del Producto Bruto Interno, o sea aumentó en 7 puntos del PBI respecto del mismo período del año anterior; de este aumento del déficit fiscal, el 56% se explica por transferencias extraordinarias a las familias, los trabajadores, al sector sanitario y a las provincias por el COVID-19, mientras que el 44% restante corresponde a aumentos de los gastos corrientes por encima de la recaudación que no están ligados directamente al coronavirus.
Para el IDESA, estos datos muestran que “la degradación de las cuentas públicas alcanza magnitudes inusitadas”, debido a que el déficit primario “llegó a un nivel inédito” no solo por los gastos extraordinarios directamente vinculados al COVID-19, sino también por un porcentaje importante, que se acerca a la mitad del aumento observado en el déficit fiscal, integrado por excesos de gastos corrientes por sobre la recaudación.
Cabe recordar que varios economistas vienen advirtiendo desde hace tiempo que la reducción del déficit fiscal del Estado nacional depende de la recuperación de la recaudación y de la reducción del gasto público.
Mientras los ingresos generados por las cargas tributarias están condicionados por el cierre de empresas ocasionado por la cuarentena y por la caída en los ingresos de diversos rubros del sector privado, la reducción del gasto también resulta improbable mientras se mantenga la postura de no avanzar sobre los gastos políticos y tomar medidas como “congelar” salarios de legisladores y legisladoras en vez de revisar de manera profunda las escalas salariales de quienes ocupan bancas en el Congreso y diversos puestos en el Ejecutivo nacional.
Por lo expuesto, el difícil contexto actual resulta más que adecuado para poner fin a diversos gastos excesivos que se suelen mantener a lo largo de las diferentes administraciones nacionales, y que solo en ciertas ocasiones suelen mostrar algunas modificaciones que no derivan en un cambio significativo en la orientación de las erogaciones estatales.
Entonces, es importante que tanto las autoridades como la sociedad argentina en su conjunto originen instancias de debate y proyectos concretos para fijar políticas de Estado en materia de gasto público y de prioridades a la hora de orientar las erogaciones del Estado, que necesita ser más eficiente para atender la emergencia originada por el coronavirus y los diferentes problemas crónicos que atraviesa el país, como la pobreza y la falta de empleo.