El cierre de fronteras en todo el país, como consecuencia del aislamiento obligatorio decretado a nivel nacional, acarreó obviamente en la zona fronteriza de nuestra provincia el cierre del Puente Internacional San Ignacio de Loyola, sobre el río Pilcomayo (que une Clorinda con Falcón) y el paso peatonal de la Pasarela de la Fraternidad (que une a la ciudad de Clorinda con la localidad paraguaya de Nanawa).
Sin embargo, desde entonces casi a diario se descubren puentes construidos de manera precaria con postes y tarimas de madera, fijados con clavos y alambres.
Los mismos se erigen en distintos sectores del cauce del río Pilcomayo, en cercanías a la barrera de contención hídrica de la ciudad de Clorinda. El río está prácticamente seco, por lo que es mucho más fácil levantar esos pasos clandestinos.
En distintas ocasiones también fueron interceptadas personas cruzando de manera ilegal por estos medios.
Desde el gobierno provincial se insiste en que es el Estado nacional quien tiene la responsabilidad primaria en el cuidado de la frontera. En el caso de Clorinda, esto se divide entre la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.
Evidenciando la situación, Formosa solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que haga un refuerzo o profundización en la planificación del control de la frontera; por su lado la Policía de la provincia hace un trabajo de apoyo secundario a las fuerzas nacionales.
Desde Gendarmería, aseguran que la tarea de destrucción de puentes siempre se realizó en el control y vigilancia de la frontera, y que en el marco de la pandemia la fuerza acrecentó los controles. En lo que va de la cuarentena, GN levantó más de 70 puentes ilegales.
Y hasta el momento, al menos diez personas de nacionalidad paraguaya fueron interceptadas por esta fuerza nacional y expulsadas hacia la República del Paraguay.
El procedimiento con los extranjeros que ingresan ilegalmente es el siguiente: los gendarmes los trasladan hasta la oficina de Migraciones, en el paso internacional San Ignacio de Loyola, donde personal de la Dirección Nacional de Migraciones realiza el trámite de la expulsión de estas personas, quienes tendrán prohibido el ingreso al país por cinco años.
Con respecto a las tareas de Prefectura, la otra fuerza de seguridad nacional que realiza el control de la frontera, entre los meses de marzo y mayo, en distintos procedimientos sobre el río Paraguay secuestraron 90 kilos de marihuana (con valor aproximado a los 9 millones de pesos); y más de 2.500 cartones de cigarrillos.
Según la información a la que pudo acceder La Mañana, estos operativos implicaron cerca de 30 causas por violación al aislamiento obligatorio, y aproximadamente 50 personas judicializadas, entre argentinos y paraguayos.
En el caso del apoyo de la Policía provincial, según la información a la que accedió La Mañana en la zona de Clorinda se afectaron aproximadamente 50 efectivos policiales a las tareas de prevención para combatir el ingreso ilegal. Esto, independientemente de los efectivos que realizan controles en toda la ruta 86: en Posta Cambio Zalazar, Lugones, Lamadrid, Guadalcazar, y Río Muerto.
Mientras que en las zonas de Colonia Cano, Payaguá y en la ciudad capital, en la zona de El Mangal, la Policía también acentuó su presencia. En todos estos lugares tienen consigna las 24 horas.
