Ya no sorprende la cantidad de motociclistas muertos o heridos en calles, avenidas y caminos de toda la provincia. De hecho, es normal que las crónicas policiales incluyan, casi a diario, algún hecho grave vinculado con el desplazamiento de un vehículo de dos ruedas.

Cada mes, los distintos centros de salud de capital e interior reciben a decenas de víctimas de los mal llamados “accidentes” de tránsito, muchas de las cuales terminan siendo derivadas al Hospital Central de Formosa debido a la gravedad de sus lesiones. La enorme mayoría, motociclistas.

Las estadísticas oficiales dan cuenta de un problema que, para mal, se mantiene relativamente estable, ya que si bien hay períodos en que las cifras descienden, hay otros en que vuelven a dispararse. Además, aunque el uso obligatorio del casco protector permitió que muchas lesiones no sean tan graves como antes, el impacto sobre el presupuesto sanitario es tremendo, amén de la situación de desequilibrio que este flagelo provoca en cientos de familias formoseñas cada año.

Estas dos últimas lecturas ameritan atención por separado. Por un lado, el sistema público de salud provincial ha alertado varias veces que los motociclistas heridos representan gran parte de las camas ocupadas, y por ende insumen un alto porcentaje de su presupuesto anual. Al punto que algunos médicos denominan “la nueva epidemia” a este fenómeno.

Por otra parte, se calcula que alrededor de la mitad de los pacientes que ingresan a un establecimiento hospitalario con traumatismos graves y sobreviven, padecen -a consecuencia del siniestro vial protagonizado a bordo de un motovehículo- distintos grados de discapacidad y pueden estar internados varios meses, con todo lo que ello implica para su grupo familiar.

Muchos se vuelven pacientes crónicos no por necesidades médicas, sino por falta de lugares para ser derivados. Es un problema que sufren también otras provincias, incluso más grandes y con mayores recursos que Formosa. Hay informes de Bioética Clínica que refuerzan la necesidad de espacios para la derivación de pacientes que requieren atenciones particulares, y que se “cronifican” en un determinado centro de salud.

En el campo de la bioética, precisamente, se llama “injusticia sanitaria” a la permanencia en un hospital de agudos de pacientes que llegan politraumatizados y no pueden obtener la atención que requieren ni tienen adónde ser derivados. Los motociclistas gravemente heridos al cabo de un choque o de una rodada conforman el grueso de esta demanda asistencial, reiteramos, no sólo en Formosa.

Si de por sí el cuidado de una persona con discapacidad demanda atención y contención más o menos especializada, la realidad es que no son pocos los casos donde la falta de una cobertura social aumenta las complicaciones y los costos, al mismo tiempo que dificulta la rehabilitación del paciente, cuando esta es posible.

De tal forma que no sólo es necesario reforzar las campañas públicas de concienciación vial, sino extremar los cuidados personales. El tránsito en Formosa será más seguro si cada uno asume su cuota de responsabilidad.