Desde hace casi cuatro décadas, la Argentina ve de manera recurrente la reproducción de males que deberían haber sido erradicados hace tiempo. Cada gobierno, en sus comienzos, pareciera dar pasos positivos; pero enseguida sobreviene la desilusión.

Entre las fallas y falencias que aparecen una y otra vez no se encuentran solamente los errores ejecutivos o parlamentarios; la Justicia también aporta los suyos. Tanto a nivel nacional como en la mayoría de las provincias, los aparatos judiciales han sido hasta el momento eso, aparatos judiciales, en lugar de poderes cuya independencia es crucial para el Estado de derecho. La responsabilidad no es sólo de muchos malos magistrados, sino también de la mala política.

Esa imagen pareció cambiar en los últimos años, cuando poderosos exfuncionarios nacionales sospechados de corrupción durante el gobierno anterior, comenzaron a ser procesados y, en algunos casos, detenidos. Ver a toda esa gente sentada en el banquillo generó la esperanza de que juzgados, cámaras y fiscalías dejaran de ser -en términos generales y con las excepciones que confirma la regla- meros aparatos judiciales que manipula el gobernante de turno, para ser lo que la Constitución establece que deben ser.

Pero bastó un resultado electoral inesperado por todos para que, a fuerza de vientos políticos en dirección contraria, una gran parte de la ciudadanía vuelva a sentir desilusión. No sólo por la virtual paralización de numerosas causas sobre hechos supuestamente graves, sino por fallos que causan sorpresa y remiten, como tantas otras veces, a una justicia “veleta”.

Los desastres en el manejo de la Justicia cometidos por el menemismo, primero, y el kirchnerismo, después, no desligan de responsabilidad al macrismo, que “debutó” con la idea de nombrar por decreto dos ministros de la Corte Suprema de la Nación, ¡nada menos! Entre operadores de un signo y otro, la única certeza es que ni la “vieja” ni la “nueva” política, han logrado hasta ahora convivir con un aparato judicial “sano”; es decir, independiente. No existe tal cosa cuando la Justicia es rebajada a ser un “aparato” al servicio del gobierno de turno.

En nuestro país, cada nuevo poder político encuentra en las desmesuras del poder anterior la justificación a situaciones de excepcionalidad que se van reiterando. Es como si se viviera en un eterno “estado de excepción” que crea las condiciones para un permanente accionar al margen del derecho. Y cuando la decisión política se coloca por encima de la esencia del derecho, la que sufre y corre riesgos de zozobrar es la democracia.

La coyuntura política argentina se asemeja, y mucho, a esta descripción. Aunque como dijimos al comienzo, es un mal que viene de lejos, se vuelve más preocupante cuando se advierte que la mayoría de los ciudadanos prefiere permanecer en la zona de confort que implica justificar, por adhesión al poder vigente, las decisiones que se toman en el marco de cada excepcionalidad. Decisiones que, lamentablemente, comprometen muchas veces lo que debería ser un pilar del Estado de derecho: una Justicia independiente.