Tomó estado público en las últimas horas una noticia escandalosa: el presunto robo de medicamentos oncológicos del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP), por una suma que rondaría los 20 millones de pesos.
Según se supo, la causa se tramita desde hace ya un par de meses en el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6, tras una denuncia que realizaran las autoridades de la mencionada obra social.
Las fuertes sospechas de que el delito efectivamente se haya cometido dentro de la sede misma del IASEP llevó al juez Guillermo Omar Caballero a tomar declaración testimonial a funcionarios y empleados de ese organismo, como así a efectuar allanamientos.
Conviene aclarar que la denuncia que puso en marcha la investigación se produjo después de que saltaran las alarmas en la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UPCIM), organismo dependiente de la Unidad Central de Contrataciones del Ministerio de Economía, hacienda y Finanzas de la Provincia que se encarga de la provisión y distribución de fármacos e insumos hospitalarios a todo el sistema sanitario formoseño.
Se trata de un hecho gravísimo que inmediatamente debió ser puesto en conocimiento de las y los afiliados al IASEP, pues son ellos/as quienes con sus aportes mensuales permiten el funcionamiento de la obra social. Sin embargo, los principales damnificados/as se enteraron varias semanas después de iniciada la causa judicial, lo que hace suponer que el robo se habría producido en el primer semestre del año.
Vale remarcarlo una vez más: el principio de transparencia en la gestión pública es uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia. Se refiere al deber de los poderes públicos de exponer al análisis de la ciudadanía la información de su gestión, el uso de recursos, los criterios con que se toman decisiones y la conducta de sus funcionarios/as. Con más razón debe reinar la transparencia cuando saltan a la luz maniobras tan impúdicas como este presunto robo de remedios oncológicos.
Por eso, aparte de los miles de agentes públicos provinciales, la ciudadanía formoseña en su conjunto espera una respuesta transparente de las autoridades. Para ello es imprescindible una investigación judicial sin ataduras y que tanto la UPCIM como el IASEP colaboren a fondo.
Hasta ahora todo parecería indicar que el robo existió. De ser así, la sociedad estará pendiente de su total esclarecimiento, porque si bien ningún delito de orden público debiera ser tolerado, y menos en las difíciles circunstancias actuales, la sustracción de medicamentos para tratamiento de enfermedades oncológicas, de alto valor económico y ampliamente requeridos, alcanza un grado de alevosía tal que no deja margen para la impunidad.
Hay quienes aseguran que las y los argentinos somos incurables y que, encima, no tenemos remedio. Una frase habitual, llena de escepticismo. Pero lo cierto es que, en el caso que hoy nos ocupa, la justicia formoseña está ante la posibilidad latente de abrir una ventana de esperanza y demostrar que tenemos remedio como sociedad.