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La discusión en el Congreso de la Boleta Única de Papel es parte de un debate mucho más amplio relacionado con la vieja política, los gastos desmesurados durante las campañas y, por qué no, el siempre latente fraude, una palabra genérica, cargada de sentido ético, que se contrapone al ideal de elecciones sin máculas, protagonizadas por individuos/as libres e iguales en su razón, que concurren a los comicios para elegir a sus representantes.

Es cierto, la BU sería un avance en algún sentido, pero de ninguna manera implica la solución a todos los males que denigran hoy a la política. Hace tiempo que en la Argentina las cosas se alejaron de un modelo virtuoso, aunque por fortuna todavía hay ciudadanos/as que se indignan cuando esto ocurre de un modo grosero. La indignación es buena ­para movilizar la opinión, pero no alcanza para entender la situación y pensar en cómo cambiarla.

La manipulación del sufragio y el denostado “clientelismo”, es decir los mecanismos para influir sobre los votantes, son dos fenómenos a la orden del día. Lo primero es un delito; lo segundo, una práctica repudiable pero legal.

Después de la Revolución Francesa, los gobiernos europeos y americanos incorporaron parlamentos y representantes electos que satisfacían, en alguna medida, el nuevo ideal de la soberanía del pueblo y la igualdad política.

Sin embargo, en pocos casos confiaron en el juicio de los votantes para seleccionar a los gobernantes. Las leyes y las prácticas organizaron los comicios para regular los resultados, pero, además, los pode­rosos, los “notables”, usaron su influencia para lograr que los ciuda­danos/as votaran del modo que creían adecuado.

En muchos países la mayoría de los votantes terminaba vendiendo su voto al mejor postor, pues consideraban que recibir algo a cambio era el derecho y el privilegio del hombre libre. “El voto más libre es el que se vende”, se decía. Ergo, la venalidad fue una etapa del largo proceso de formación de una ciudadanía independiente.

Prácticas de ese tipo fueron habituales en la Argentina en el siglo XIX, pero cambiaron con la ley Sáenz Peña de 1912, que puso al país a la vanguardia de la normativa electoral. El voto universal se hizo obligatorio y secreto. Las elecciones fueron creíbles -aunque nunca faltó un comisario que ahuyentara a los opositores- y la sociedad de entonces se entusiasmó con la nueva práctica. Luego, claro, vinieron el “fraude patriótico”, la proscripción peronista, los golpes.

Las elecciones libres de 1983 pintaron una nueva esperanza democrática, pero ésta se fue descascarando al compás de las decepciones ciudadanas y el aumento escandaloso de la pobreza, que ningún gobierno, hasta ahora, pudo frenar. Con un agravante: las denuncias de fraude volvieron a decir presente, en medio de una pereza política generalizada a la hora de transparentar los procesos electorales.

Es posible que la Boleta Única, sirva para tapar un agujero, pero aparecerán otros, pues, en definitiva, la condición necesaria para que unos comicios se acerquen al ideal es la existencia de ciudadanos libres, iguales, razonables y vigilantes.



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