Ante la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, es necesario que las autoridades evalúen la aplicación de medidas de fondo destinadas a los sistemas de salud, para mejorar las prestaciones en los diferentes niveles de atención, y así lograr que la Argentina esté más preparada para eventuales rebrotes del virus y ante otras situaciones que se puedan presentar.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino detalló que en el mundo, los sistemas de salud se organizan de diferentes maneras. Existen países con sistemas públicos universales, como Inglaterra y España, en los cuales la ciudadanía accede a la atención médica a través de los Hospitales Públicos. En otros países prevalece la seguridad social, con lo que serían las obras sociales en la Argentina, como Alemania y Holanda. En paralelo, hay naciones que tienen mayoritariamente sistemas privados de salud, como Estados Unidos. Otros países, como el nuestro, presentan combinaciones de estas modalidades.
Asimismo, el IDESA señaló que si bien no se dispone de información oficial sistematizada sobre los recursos de los sistemas de salud, de acuerdo a fuentes oficiales alternativas se puede obtener algunas estimaciones: las provincias, a través de los sistemas de Hospitales Públicos y de las obras sociales de sus empleados públicos, manejan un 2,6% del Producto Bruto Interno; además, la Nación tiene competencias sobre las obras sociales de los sindicatos y el PAMI que involucra otro 2,6% del PBI; y el gasto privado en salud, el que las familias abonan directamente, asciende al 3,6% del PBI.
Para el Instituto, estos datos confirman que en la Argentina conviven los tres tipos de formas de organización de los sistemas de salud y se reparten los recursos en partes iguales, lo cual genera ineficiencias y derroches.
No obstante, el IDESA consideró que por cuestiones legales, no se puede tender a un sistema nacional único de salud; y recordó que en todas las Constituciones provinciales, las provincias se reservan explícitamente para sí las competencias en salud pública, y que en 1994, cuando se reformó la Constitución Nacional, si bien se podría haber acordado el traspaso de las funciones provinciales en salud a la Nación, esto no se concretó. Por ello, pensar en un sistema único de salud hoy no resultaría posible, a menos que todas las provincias reformen sus Cartas Magnas.
Esto no significa que los sistemas de salud del país no necesiten un ordenamiento. Lo que se requiere es el establecimiento de reglas que permitan una gestión eficiente y transparente de los servicios sanitarios, y con una mayor descentralización de lo que hoy son las coberturas nacionales hacia las provincias.
Una alternativa podría ser transferir a las provincias, con sus respectivos recursos per cápita, la cobertura de los afiliados de PAMI de su propia Jurisdicción, aunque esto debería ser materia de debate en los ámbitos legislativos.
En síntesis, la pandemia tiene que ser una oportunidad para iniciar un camino de mejoramiento integral de la gestión de los sistemas de salud, aunque esto implique discusiones profundas y polémicas en el Congreso y en otros espacios, para conseguir que el derecho a la salud sea garantizado de la manera más eficiente.