El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la Presidencia de la Nación. El gobierno militar quiso estirar la entrega del mando al 25 de mayo de 1984; luego, publicó un decreto para adelantarla al 30 de enero de ese año. Pero el hombre elegido en las urnas después de casi ocho años de feroz dictadura logró imponer una fecha: el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El líder radical tomó posesión del cargo un sábado, cuando se cumplían exactamente 35 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos -proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948-, que establece que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana son los fundamentos para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. La fecha, con excepción de renuncias y entregas anticipadas del poder generadas por la siempre volátil situación política y económica de la Argentina, ya forma parte de nuestra tradición institucional.
Alberto Fernández asumió ayer en coincidencia con el 71 aniversario del catálogo de derechos reconocidos y cristalizados en diferentes convenciones internacionales, tratados, pactos y protocolos facultativos. Gran parte de los países adoptó este sistema integral de pensamiento fundado en el respeto a la dignidad de las personas por parte de los poderes públicos nacionales y también de la comunidad internacional.
Esta doctrina se ha consolidado y ha adquirido una decisiva influencia, lo que genera importantes cambios en las culturas políticas, sociales y jurídicas de los países. En Argentina, luego de la reforma de 1994 que acordó jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, se ha establecido una agenda de derechos aceptada y legitimada por la sociedad argentina.
Es cierto que hubo polémica durante los anteriores gobiernos kirchneristas por el modo en que se “utilizó” el tema Derechos Humanos, en algún caso pretendiendo ignorar hasta lo que el propio Alfonsín hizo por esa agenda, en otros ideologizando su abordaje o cooptando organismos. Pero es cierto también que fueron aquellos años los de mayor ampliación de derechos para la sociedad argentina desde el advenimiento de la democracia.
Hoy, lo que corresponde es aprender de los errores para no repetirlos, respetando las bases establecidas por la ONU en 1948. La aceptación de las nuevas perspectivas de derechos humanos debe darse en el marco de la búsqueda de una cultura democrática que se profundice, porque la cultura democrática y el desarrollo de una amplia agenda de derechos humanos no son dos cuestiones separadas y diferentes.
La práctica democrática reconoce una manifestación importante en los procesos electorales. Pero la tiene también a diario, en todos los actos de la vida civil, ya que la vigencia de los derechos humanos está vinculada con el ejercicio de las libertades y con la búsqueda de la igualdad en comunidades donde todavía existen extensos grupos vulnerados, como las mujeres, los niños pobres, los discriminados por su orientación sexual, las personas con discapacidad, los pueblos originarios, los indigentes, etc.