Un detalle que refleja crudamente los tiempos de crisis económica en nuestro país es la proliferación de puestos de venta de comida en las calles. No es que en ciudades como Formosa no exista en otros momentos, pero cuando se intensifican la pobreza, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el fenómeno crece. Como en estos días.

Se trata de situaciones reñidas con los más elementales controles bromatológicos. Aunque no son las únicas. Un alto porcentaje de la fruta y la verdura que se comercializa en la Argentina, y también a nivel local, obviamente, es ilegal. Eso significa que no ingresa a un centro único concentrador autorizado, como ser un mercado de abasto. En consecuencia, esos productos carecen también de controles bromatológicos, y además su comercialización elude impuestos.

El tema preocupa a asociaciones de productores que trabajan legalmente en distintas zonas del país, algunas de las cuales suelen elevar -con poco éxito- sus reclamos a las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De acuerdo con datos oficiales, hay provincias en las cuales hasta un cuarto de las frutas y verduras que se comercializan circula en el mercado paralelo, al margen de los controles estatales esenciales. Se trata de cientos de miles de toneladas cada año. Esto, teniendo en cuenta solamente las ciudades capitales, por lo que el problema podría ser de mucha mayor envergadura si se suman los pueblos del interior, cuanto más lejanos, más desnudos de controles.

Los propios productores calculan que, al mes, circulan por las rutas argentinas entre 40 mil y 50 mil camiones cargados con alimentos no controlados, con efectos no queridos para la sanidad pública y para las arcas del Estado.

De la cuestión sanitaria ya hemos hablado muchas veces, pero nunca está de más reiterarlo: la ingesta de alimentos sin control bromatológico implica un gran riesgo para la población. SENASA conoce el problema a la perfección y varias veces ha prometido ocuparse de combatirlo, de manera inteligencia, con nuevos mecanismos. Sin embargo el problema no sólo sigue estando sino que crece.

Con respecto al fisco tampoco vamos a descubrir nada nuevo: toda economía informal elude el pago de impuestos. Pero en casos como el que nos ocupa no sólo se afecta la recaudación fiscal, sino que se genera una competencia desleal con quien cumple con las normas y reglamentaciones. Como con la venta de comida callejera.

Lo que debe hacer el Estado, si no le da la capacidad para controlar todo, es concienciar a los consumidores. Hacen falta campañas públicas que adviertan sobre el peligro de comprar alimentos a la vera de una ruta, en una esquina frente a un semáforo o en comercios que no cuentan con inspecciones sanitarias seguras.

Imposible desconocer la necesidad de ahorrar dinero que tiene la población en coyunturas críticas como la actual. Pero como medio de comunicación responsable debemos alertar que lo barato puede terminar saliendo mucho más caro cuando se pone en riesgo la salud.