Después de exactamente una década (había sido inaugurado el 14 de abril de 2014), el Gobierno nacional hizo desaparecer el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada. Ahora, avanza en el sentido de revisar el status de “comunidad indígena” de más de 200 grupos humanos asentados sobre la cordillera patagónica. En el camino ya ha recuperado tierras del lago Mascardi e impulsa el desalojo de otros terrenos supuestamente usurpados por descendientes mapuches.

No es precisamente una relación amigable la encarada por la administración libertaria con algunos sectores originarios, o que dicen serlo. Es más, el presidente Javier Milei admira al general Julio Argentino Roca y su famosa Conquista del Desierto, una serie de estratégicas campañas militares contra los pueblos indígenas que habitaban la Patagonia y parte de la pampa argentina hacia fines del siglo diecinueve; conquista que, desde otra visión histórica, es considerada un “genocidio”.

Volviendo a nuestro tiempo digamos que el Gobierno argentino, en el año 2.000, decidió sumarse al convenio 169, propiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a las poblaciones indígenas y tribales. La norma establece los derechos de los grupos indígenas y confirma su situación como miembros de la sociedad civil, particularmente en lo que atañe a la protección que garantizan las leyes fundamentales. Un acuerdo que las comunidades indígenas del país venían reclamando desde mucho tiempo antes.

La reforma constitucional de 1994 reconoció la preexistencia étnica y cultural de los indígenas en la vida argentina, garantizando su identidad y sus más fundamentales derechos. Según lo establecido, el Gobierno central y las administraciones locales deberán buscar las medidas adecuadas, juntamente con las distintas comunidades indígenas, para proteger y preservar el medio ambiente en cada sitio habitado por ellas. Esto implica, por ejemplo, que no será posible construir una ruta que atraviese una zona poblada por indígenas sin disponer de su previo consentimiento.

Las mismas disposiciones se encargan de asegurar la preservación de la identidad social, cultural y lingüística de las poblaciones, lo mismo que los derechos económicos y sociales y los valores religiosos. Esto intenta ser una defensa contra muchas prácticas abusivas que han debido soportar y a veces aun soportan distintos pueblos originarios.

En su afán por deshacerse de políticas que no van con sus objetivos prioritarios, La Libertad Avanza debería observar mejor los derechos constitucionales, para no atropellar ninguno y menos aquellos que favorecen a los grupos indígenas, históricamente tan castigados.

Lo que deben hacer las autoridades -no sólo las que atienden en Buenos Aires- es tratar de integrarlos en serio a la comunidad nacional, sin violentar sus particularidades culturales.

La Argentina ratificó hace un cuarto de siglo su decisión de defender los derechos humanos esenciales de la población indígena. Faltan todavía muchos cambios positivos en ese sentido, que por ahora no se avizoran.