No es extraño que con cada crisis social vuelva a crecer el delito en la Argentina. Como siempre que esto ocurre, se hace necesario desplegar iniciativas capaces de contener esta tendencia; sin embargo, resulta indispensable a la vez remover las causas que han producido y que siguen profundizando la pobreza, ya que de otra forma podría desatarse un círculo de violencia y de represión que no tardaría en lesionar el ejercicio de las libertades individuales en el espacio público; tema que ya viene generando fuerte polémica a nivel nacional.

No es fruto de ningún prejuicio reconocer que parte de la delincuencia está en directa relación con la miseria extrema. Otro tema, obviamente, son las protestas por situaciones económicas apremiantes, como las que llevan adelante policías, docentes y otros trabajadores/as estatales de Misiones en reclamo de mejoras salariales urgentes.

La relación entre la falta extrema de dinero en ciertos sectores sociales y el delito contra la propiedad es directamente proporcional. Esto no quiere decir que la mayoría de las y los pobres sean autores de delitos contra la propiedad. La inmensa mayoría no lo son, a pesar de estar viviendo en condiciones precarísimas (lo que además demuestra, por parte de ellos/as, una dignidad que es muy dudable que muchos miembros de la clase media pudieran sostener, y ni hablar de los sectores acomodados).

Pero si se calcula que sólo el 1 por ciento de los pobres comete delitos contra la propiedad, una cosa es el uno por ciento de una población de 100 mil personas (1.000 delincuentes), y otra cosa es el uno por ciento de 50 millones (500.000). Estos 500.000, aun repartidos/as en distintas aglomeraciones urbanas del país, implican una inmensa masa de personas hurtando, robando o asaltando cotidianamente a otras.

El terrible aumento del delito empezó a mediados de la década del noventa, continuó en los primeros años del milenio y, actualmente, encuentra correlación con el fenomenal aumento de la marginalidad social en la última década.

Desde este punto de vista interesa detectar y asistir con métodos de abordaje especializados a quienes (en su gran mayoría hombres jóvenes) corren más riesgo de caer en el delito o ya están atrapados en él. Claro que no bastaría un aporte económico en estos casos; siempre será necesario complementar ese beneficio con una ayuda concreta para el desarrollo de micro-emprendimientos y educación laboral. Aunque esto no solucionaría la pobreza, se sentiría muy fuerte el impacto del descenso del delito violento contra la propiedad y, con él, una baja de los homicidios.

Esto es económicamente viable, incluso, en medio de los actuales ajustes, porque existen subsidios de empleo que se pueden adecuar para el trabajo específico con los sectores marginales de la población en todo el país.

Esta sería una estrategia contra el delito que, combinada con una mayor y mejor distribuida presencia policial en las calles, conforman una solución posible y racional. Cualquier otro ensayo puede derivar en “soluciones” moralmente aberrantes que sólo producirían peligros sociales más graves.