En un enésimo intento por controlar la inflación, la Secretaría de Comercio de la Nación se apresta a lanzar una canasta de Precios Justos para comercios de cercanía, que consistiría en más de cien productos que mantendrían su valor hasta el 15 de julio próximo.

Según se anticipó, Precios Justos Barriales estará disponible en almacenes y autoservicios con 108 productos básicos de los rubros de consumo masivo, como alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza.

La nueva intentona viene tras un lote importante de supuestas medidas antiinflacionarias implementadas por el Gobierno nacional en la última década, todas las cuales han fracaso de modo estrepitoso. Intervenir los mercados y congelar precios con la pretensión de cuidar el bolsillo de los consumidores/as, hasta aquí, no ha provocado una baja del costo de vida, sino una escalada, y, en casos puntuales, desabastecimiento.

Yendo a las canastas barriales que se busca ofrecer a precios “justos”, recordemos que, no hace mucho, la Comisión Intercámaras de Consumo Masivo, que reúne a las asociaciones intermedias de supermercados del interior, mayoristas y almaceneros, denunció los efectos distorsivos de la política económica, y advirtió que son las y los clientes quienes, en última instancia, padecen las consecuencias.

La mencionada entidad puso un ejemplo concreto. Dijo que, en algunos casos, los fabricantes entregan la mercadería con nuevas presentaciones, y por lo general con listas de precios que contemplan aumentos que superan lo autorizado oportunamente por la Secretaría de Comercio de la Nación.

Esta realidad no impacta sobre las grandes cadenas de supermercados, que están en las ciudades más importantes, sino en los negocios de las localidades más pequeñas del interior del país.

Esto significa que las administraciones nacionales, más allá de su signo político, vienen discriminando a las poblaciones menores. Si el índice de precios al consumidor se mide en las grandes urbes y es allí donde operan las grandes cadenas, en el resto del país pareciera funcionar un circuito alternativo en el que los fabricantes pueden imponer otros valores para sus productos, ya que allí no rige ningún control.

Es más, la Comisión Intercámaras de Consumo Masivo aseguró en su momento que los almacenes y supermercados independientes del interior quedaron excluidos de los acuerdos de precios para vender cortes de carne con precios regulados. Y así otras veces, con otros productos.

La idea que subyace es que el Gobierno nacional se conforma con un mínimo control en los grandes centros urbanos, sin inquietarle lo que pase en las áreas geográficas más alejadas de la metrópolis porteña. En paralelo, los productores quedan en libertad de, cada tanto, cambiar la presentación de algún producto o alterar su composición para modificarle el precio.

En síntesis, se distorsionan los mercados, se modifican las reglas de juego y se discrimina a una parte del país bajo el argumento de que se está controlando la inflación. Pero la inflación no se amilana ante cada nuevo intento dirigista. Al contrario, se ve favorecida