Un eventual agravamiento de la pandemia de coronavirus en las próximas semanas podría obligar al Gobierno nacional a instrumentar nuevas ayudas oficiales, no sólo para las personas afectadas por la pérdida de trabajo sino también para aquellos sectores de la economía más castigados.

Por supuesto que todos y todas queremos que la situación mejore y no haga falta retroceder en esta materia, pero si las cosas empeoran y el Estado retoma asistenciales tales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y, sobre todo, el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), es necesario estar alertas frente a ciertas ideas que anidan en el oficialismo.

No es posible olvidar que, hace unos meses, una diputada nacional del Frente de Todos propuso que el Estado se quede con parte de aquellas empresas que accedieron a los subsidios implementados para abonar los sueldos de sus empleados, en el marco de la inactividad determinada por la crisis del COVID-19.

La polémica legisladora argumentó en aquel momento que el dinero del Estado que reciben “los grandes grupos económicos” no puede ser entendido como un regalo. Sobre todo porque algunas de esas empresas son investigadas en la Justicia por “distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales”.

En consecuencia, el Estado debiera recibir algo a cambio: si ayuda a pagar los sueldos, supuestamente estaría actuando como un miembro de la empresa; ergo, debería cedérsele un porcentaje de la propiedad.

Propuesta descabellada, en principio, porque las ayudas debieran estar dirigidas a las PyMEs y no a “los grandes grupos económicos”; pero además peligrosa, ya que representa la expresión de una ideología que tiene raíces fuertes dentro del Gobierno, aunque el presidente de la Nación se manifieste contrario a cualquier “revolución”.

De un tiempo a esta parte, el oficialismo encuentra la oposición más acendrada dentro de sus propias filas. Que un gobernante tenga que salir a reafirmar su agenda y sus valores ante las propuestas de la oposición, es entendible; que deba hacerlo presionado por sus socios -como también sucede en el tema de los indultos a los exfuncionarios kirchneristas presos- es una práctica que ingresa en el peligroso terreno de la deslegitimación.

En un sentido económico, no se pueden desconocer las extraordinarias circunstancias actuales generadas por las restricciones que las propias autoridades políticas establecieron por la pandemia.

Si el Estado insiste con impedimentos al trabajo pero a la vez pretende que se conserven los empleos y los sueldos, debe colaborar sin esperar ninguna otra cosa a cambio. Como ya lo hizo.

No todas las empresarias y los empresarios son lo mismo. Los prejuicios ideológicos nunca contribuirán a allanar el camino de salida de la triple crisis que nos agobia: sanitaria, económica y social.

Si en el oficialismo llegaran a ganar terreno las estériles disputas que asoman de continuo afectando el rumbo de la economía nacional, la Argentina estará destinada a seguir hundiéndose sin remedio. Con o sin coronavirus.