El cobro de adicionales u honorarios por fuera de los contemplados en el nomenclador de una obra social es una irregularidad de vieja data que castiga a pacientes de distintas partes del país, Formosa incluida.
Se trata ni más ni menos que del tristemente célebre plus por servicios médicos; esto es, montos no regulados, diferentes de los denominados coseguros, que sí están previstos en el menú de determinadas prestaciones.
Profesionales de distintas ramas de la salud suelen recurrir a este cobro extra que poco honor hace al Juramento Hipocrático, sin que muchas obras sociales tomen medidas para frenarlos. Aunque, nobleza obliga, también hay que señalar algunas de esas entidades que cuando descubren la maniobra, sancionan o directamente dan de baja a los prestadores de distintas especialidades que incurren en ella.
A fin de evitar malos entendidos, ninguna obra social debería reconocer intervenciones por fuera de las expresamente establecidas en su catálogo y, al mismo tiempo, aplicar sanciones dentro del marco normativo a quienes indiquen estudios, tratamientos o procedimientos por fuera del convenio. Para ello, obviamente, deben funcionar muy bien las secciones de Fiscalización y de Asuntos Legales, responsables del control, la gestión y la organización del sistema de cobertura sanitaria.
Desde ya que también las clínicas y sanatorios privados deberían estar sujetos a riguroso escudriñamiento por las facturaciones directas que suelen efectuar a afiliados de distintas obras sociales. Esto, porque algunas entidades abonan a dichos establecimientos la totalidad del módulo quirúrgico, por ejemplo, que incluye honorarios profesionales, medicación, ocupación de cama, estudios necesarios y análisis, entre otros conceptos; por lo que cualquier adicional se torna indebido.
Ser serios y responsables en este tema implica contemplar, además del castigo a los prestadores díscolos, la devolución a los pacientes del dinero cobrado irregularmente. No es una propuesta de La Mañana; la restitución a los/as afiliados/as damnificados/as de los montos desembolsados por servicios incluidos en el nomenclador es algo que algunas obras sociales ya disponen. Pero no todas.
Estudios realizados por consultoras privadas entre grupos de afiliados/as de algunas provincias vienen a confirmar que un alto porcentaje de pacientes termina pagando un plus por consultas a prestadores directos, al margen del coseguro regulado.
Una muestra de que, así como hay médicos/as que vienen dejando la vida en el frente de batalla contra el coronavirus, hay otros/as que ven a un/a enfermo/a como una presa codiciada con la que se puede lucrar, por más cobertura gratuita vigente que haya de por medio.
La única posibilidad de combatir esto es denunciando a los/as inescrupulosos/as que, por suerte, queremos creer, son minoría. Los/as afectados/as deberían tomar mayor conciencia y no vacilar en denunciar los casos. Pero también deberían hacerlo aquellos/as profesionales que son conscientes de tales atropellos y no comulgan con el mal entendido espíritu corporativo.