PALO SANTO – Un grupo de vecinos de Palo Santo se dirigió a la Defensoría del Pueblo para pedir su intervención. Los mismos son hijos en su mayoría de pobladores que hace aproximadamente 50 años o más se asentaron en una franja de terreno a la vera de la RN 81 a unos 15 ó 20 km de la localidad y que se dedicaron a la cría de ganado y animales de granja que luego comercializaban en el pueblo como sustento para sus hogares.
Ellos fueron desalojados por efectivos del Escuadrón V Pirané de Gendarmería Nacional, en cumplimiento de un fallo dictado en la causa “Estado Nacional – Estado Mayor General del Ejército c/González Hugo y otros s/Desalojo Expediente Nº 1577 – Año 2006” del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Formosa, a cargo del Dr. Fernando Carbajal.
Los palosanteños denunciaron ante el Dr. Leonardo Gialluca, defensor del Pueblo de la Provincia, que los animales y demás bienes “que quedaron en depósito y bajo responsabilidad del Ejército, están siendo robados” y conforme a constancias que el Organismo de la Constitución solicitó a la Dirección de Registro, Control y Fiscalización de marcas y señales, que depende del MPyA, se pudo determinar que en el caso de un matrimonio, quedan pendientes de retirar 55 vacunos, 60 equinos, 30 ovinos, dos arados de disco, una sembradora, una rastra de disco y dos bombas de agua.
Por su parte, a otro lugareño que también fue desalojado le falta retirar 15 vacunos, 15 porcinos y alambrado de cuatro hilos; entretanto, en el caso de otra familia, aún deben retirar 12 vacunos, 30 cerdos, un motor y bomba, tres bidones de 20 y 60 litros cargados con bulones y sus respectivas tuercas y arandelas.
Asimismo, el ombudsman aclaró que “estos ciudadanos son legítimos titulares de los semovientes conforme marcas y señales”, por lo que se peticionó al jefe de RIMte 29, Cnel. Jorge Gabriel De Senzi, y luego se hará lo mismo al juez federal subrogante Nº 2, Dr. Fernando Carbajal, que “autorice al ingreso de estos vecinos con ayudantes, amigos y durante un plazo prudencial, para de esta manera poder buscar en el monte los animales que se encuentran perdidos y que están siendo robados por otras personas, lo cuales quedaron, según el inventario de la causa judicial del Juzgado Federal (que fue realizado por un funcionario que no recorrió el lugar, sino que lo concretó en base a dichos de los lugartenientes), en depósito de las Fuerzas de Seguridad Nacional”.
Desde el Organismo de la Constitución se recalcó que estos vecinos de Palo Santo habían iniciado en el 2006 una causa judicial donde intervinieron profesionales de la abogacía del Fuero local, “los cuales -por mala praxis- no estuvieron a derecho y posteriormente el Gobierno federal pidió una serie de medidas, entre ellas la caducidad y extinción de la causa”.
Los campesinos describieron al Dr. Gialluca que sus padres vivieron siempre en esas tierras y que ellos asistieron de niños a escuelas de Palo Santo y hoy algunos de sus hijos están cursando estudios terciarios y hasta universitarios dentro de la provincia. Señalaron también que al momento del desalojo, sus hijos mayores sufrieron una suerte de hostigamiento por parte de los militares y es por ello que tramitan una denuncia al habérseles retirado celulares y documentaciones personales, entre ellas la de un Jeep que necesitan recuperar.
Asimismo, desmintieron totalmente tener “una posición económica consolidada, costosas camionetas y centenares de cabezas de ganado vacuno”. En cuanto a la extracción ilegal de maderas nativas, que eran supuestamente comercializadas ilegalmente en aserraderos de la zona, los vecinos manifestaron desconocer esos hechos y remarcaron que “siempre buscamos cuidar el lugar para que no entraran intrusos, ya que por muchísimos años estas tierras fueron abandonadas por el Ejército”. Por último, desmintieron que “hayamos tenido en nuestras precarias viviendas un arsenal de armas, sino que, como es costumbre de la gente que trabaja en el campo, siempre se posee algún elemento de defensa para protegerse de animales salvajes”.