El defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, pidió al presidente Mauricio Macri y al actual secretario de Gobierno de Energía, Gustavo Lopetegui, “que procedan de forma urgente a dictar una resolución que disminuya o deje sin efecto los aumentos de energía eléctrica que se produjeron mediante la Resolución 366/18 y que llevó los incrementos a un 55%, junto con la eliminación de la Tarifa Social y del Plan Estímulo”.

El funcionario provincial recordó que “hasta el propio Gobierno nacional debió en su momento dictar nuevos instrumentos para disminuir el impacto de esa irracional autorización en las subas de las tarifas de energía eléctrica que llevaron a que los usuarios residenciales tuvieran un aumento de hasta un 38%, algo que hasta la fecha continúa mes a mes impactando en el bolsillo de los trabajadores públicos y privados”.

Recordó que esta medida de Nación “llevó a que el Gobierno provincial tuviera que salir a poner en funcionamiento un Programa de Subsidio Provincial para subsidiar el costo energético a 62 mil usuarios domiciliarios tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar la Tarifa Social”.

“Por ello -añadió el ombudsman-, la dolarización de las tarifas de energía eléctrica llevó a que los costos mayoristas desde diciembre de 2015 hasta el 2019 tuvieran un aumento de 2.677%, que es aplicado por CAMMESA a todas las distribuidoras, entre ellas REFSA, y que luego pagamos los usuarios residenciales y los comerciales”.

Gialluca sostuvo que “el tiempo nos termina dando la razón en cuanto a que el Estado nacional debe tomar medidas para proteger a todos los usuarios de provincias electrodependientes como Formosa que no tenemos gas por redes y a quienes no nos queda otra alternativa que pagar estos altísimos costos de la energía eléctrica, toda vez que ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció hasta ahora sobre el particular”.

“Es en este contexto entonces que instamos a las autoridades nacionales antes citadas, a que disminuyan o eliminen el aumento del 55% y de esta manera lograr que los salarios públicos y privados que se cobran en pesos, tengan una mejor capacidad para adquirir principalmente alimentos, medicamentos y hacer frente al pago del valor de servicios públicos esenciales pero que tengan valores razonables y justificados”.

Desde la Defensoría del Pueblo se señaló que “se nos pide a los usuarios y consumidores que hagamos esfuerzos, pero no vemos que se le exija lo mismo al sector empresario, y un ejemplo de ello lo tenemos con las petroleras con las cuales el Gobierno nacional debió ‘acordar’ medidas para que las naftas no suban y amenazarlas con la aplicación de la Ley de Abastecimiento”.