Muchas veces, en los últimos años, la relación de la Casa Rosada con las y los gobernadores provinciales ha estado signada por los intentos a menudo exitosos de “cooptación” desde el Poder Ejecutivo Nacional, mucho más que por la búsqueda de consensos genuinos.

Por más que desde diciembre a la fecha se hayan producido dos reuniones en Buenos Aires, y por más, incluso, que el presidente Javier Milei haya convocado a la plana mayor de la política a suscribir el Pacto de Mayo, en Córdoba, lo cierto, o al menos la sensación generalizada, es que sobre la discusión de políticas de Estado predomina, hasta ahora, la imposición de un temario.

Nada provechoso puede esperarse de un pacto político Nación-Provincias si la intención de la primera es sumar voluntades a fuerza de aprietes económicos como los que viene llevando a cabo la actual administración libertaria.

En rigor, abundan los gestos teñidos de hipocresía, dado que nadie hace nada para favorecer el tan postergado debate sobre la reforma del régimen de coparticipación federal. Se trata de una exigencia de la Constitución Nacional modificada en 1994, que obligaba a fijar una nueva normativa antes de 1996. Casi tres décadas han pasado tras el vencimiento de ese plazo constitucional y no hay siquiera atisbos de que la cuestión pueda llegar a discutirse en el Congreso.

Es evidente que en todo este tiempo no ha existido voluntad política nacional para debatir un nuevo régimen de coparticipación. Nadie ignora que buena parte del poder que ostenta el PEN proviene de la fuerte centralización de la recaudación fiscal y de la discrecionalidad con que las autoridades afincadas en Buenos Aires manejan el presupuesto para obras públicas en el interior del país, lo que bien se ha dado en llamar “unitarismo fiscal”.

El doble discurso de la Casa Rosada sobre el federalismo ha quedado en evidencia en reiteradas oportunidades. La desconsideración oficial pudo advertirse también este verano, cuando el Gobierno nacional dispuso unilateralmente cortar el envío de ciertos fondos a las provincias, pero no a todas por igual.

Como desde hace tiempo los recursos provenientes del régimen de coparticipación son insuficientes para las provincias, se venían empleando, a modo de compensación, aportes del Tesoro Nacional y otras transferencias, manejadas desde el Poder Ejecutivo Nacional, frecuentemente en función de criterios político-electorales. Tan cierta esta discrecionalidad como el favoritismo en el reparto de subsidios al transporte en la actualidad.

El brutal ajuste en marcha, y sus consecuencias sociales extremas, lleva no sólo al replanteo de la relación Nación-provincias, sino al debate concienzudo de un nuevo y más justo régimen de coparticipación federal.

Ese debate debería contemplar el incremento de la correspondencia entre las responsabilidades provinciales de gastar con las de recaudar; la búsqueda de fórmulas tendientes a mejorar la calidad del gasto público y, en lo posible, reducirlo. Pero nada de esto podrá hacerse si el poder central persiste una posición cerrada, que reniega del diálogo y el consenso.