El defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, recordó que el uso de acondicionadores de aire debe dejar de ser visto por el Gobierno nacional como una cuestión de confort, debido a que “Formosa, Chaco y Corrientes tienen las temperaturas más altas del país y las distribuidoras, para abastecer la gran demanda, necesitan que se invierta en el Sistema de Transporte Regional, pues las temperaturas de aproximadamente 50º por períodos prolongados nos obliga a denunciar que desde el Estado nacional buscan responsabilidades en los últimos tramos de la distribución”.
Además, el funcionario remarcó que los usuarios “demandan un servicio energético regular, por el cual están pagando importantes sumas que afectan los bolsillos de las familias formoseñas”.
También mencionó que si bien la distribución en Formosa no colapsa por las inversiones que realiza el Gobierno provincial, ello no es suficiente para garantizar que no se produzcan los colapsos energéticos, dado que “funcionamos dentro de un Sistema Integrado, y cuando alguna provincia del NEA tiene un problema, repercute sí o sí en la otra, y a esto se le suman las faltas de inversiones de las transportistas”.
Por otro lado, Gialluca dijo que desde el Organismo de la Constitución se peticionó al mismo tiempo a la presidenta de la Cámara de Diputados de Nación, Cecilia Moreau, apoyo e impulso “del nuevo Proyecto de Ley que propone una Tarifa Diferencial de Energía para las Provincias del Norte Grande y que fue presentado por Hilda Aguirre de Soria, diputada nacional por La Rioja”.
A su vez, el defensor del Pueblo señaló que son numerosas las consultas ante el Organismo de la Constitución sobre los daños producidos por cortes y oscilaciones de tensión en el servicio energético, a raíz de las elevadas temperaturas que se vienen registrando, por lo cual pidió a todos los damnificados que hagan la denuncia correspondiente; y recordó que se encuentran vigentes las Resoluciones del EROSP N° 451/07 y su modificatoria N° 70/12, que reglamentan el procedimiento para el reclamo por daños a instalaciones y/o artefactos por deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica.