En diálogo con La Mañana, la doctora Noelia Garone, directora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, recordó que el jueves último, a través de una carta dirigida a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la organización había pedido la intervención de las autoridades nacionales para garantizar un entorno propicio para la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos.
Además, indicó que la organización sigue recolectando varias denuncias acerca de posibles violaciones a los DDHH en la provincia. “Desde Amnistía Internacional venimos siguiendo la situación de Formosa y de diversas provincias argentinas ante posibles vulneraciones a los derechos humanos en el marco de medidas para prevenir la propagación de la pandemia. Fuimos analizando distintas políticas y publicamos un informe sobre distintas situaciones de violencia institucional en el país durante la pandemia”, explicó Garone a este diario.
“En el marco de este trabajo, nos comenzaron a llegar denuncias respecto de la situación de Formosa. Entre septiembre y octubre de 2020, fue por la situación de los varados. La Corte Suprema intervino en esta situación. Pedimos que la Jefatura de Gabinete, en su rol de coordinador, coordine este tipo de políticas con la Provincia. En el último tiempo nos llegaron diversas denuncias sobre los alojamientos bajo custodia estatal, y el jueves nos avisaron en el momento la detención de Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz”, relató.
“Lo primero que hicimos fue denunciarlo ante la Secretaría de Derechos Humanos. Nos preocupaba, y exigíamos la liberación urgente. La intimidación pública es una de las figuras penales típicas que se utilizan para ‘criminalizar’ y perseguir a los defensores y defensoras de los derechos humanos, e intentar entorpecer el rol de quienes en distintos lugares llevan reclamos. Por ello, pedimos la intervención de la Secretaría, para que se pusieran en contacto con las autoridades de la Provincia y el problema se pudiera solucionar rápidamente, para que esas personas no estuvieran privadas de su libertad”, remarcó.
“Es responsabilidad del Estado garantizar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Por el momento, no tenemos pensado tomar otras medidas acerca de este tema. En todo caso, lo evaluaremos en el futuro”, apuntó.
Por otro lado, la letrada mencionó que en la actualidad, Amnistía Internacional está recibiendo y evaluando más denuncias acerca de diversas situaciones registradas en los centros de alojamiento, y si bien valoró el esfuerzo que realiza la provincia de Formosa para reducir los contagios, advirtió que las políticas sanitarias no tienen que vulnerar los derechos humanos.
“Estamos preparando unas medidas judiciales para ser presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay denuncias de personas con tests negativos a COVID-19 que están en los mismos Centros en que se encuentran personas con resultado positivo, y acerca de cuarentenas con duraciones mayores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, como 30 días, aún con hisopados negativos”, agregó.
“Confinar a las personas en centros de alojamiento, sin otras medidas alternativas, debería ser el último recurso. Hay otras alternativas disponibles, como que la persona se ponga en cuarentena de forma autónoma”, manifestó Noelia Garone.