En un contexto de fuertes discusiones en diferentes ámbitos políticos y económicos acerca de las medidas que deben tomarse para lograr que el país recupere la actividad normal una vez que finalice la cuarentena, diversos sectores renuevan sus reclamos vinculados con las cargas impositivas que se cobran en la Argentina y con la necesidad de realizar una reforma tributaria integral y progresiva, que distribuya el mayor peso entre aquellas personas físicas y jurídicas con mayor capacidad contributiva.

Medios nacionales revelaron que de acuerdo a nuevos datos que se conocieron en los últimos días, la Argentina continúa liderando el ranking de los países que más impuestos cobran, y que la “inversión” de las empresas en la Argentina -pequeñas, medianas y grandes- en el pago de impuestos resulta la más alta de toda la región. Esto significa que las empresas que se encuentran en el circuito formal pagan tributos que superan aquello que producen como renta.

De acuerdo a los guarismos que se conocieron a nivel nacional, las empresas argentinas pagan en impuestos un 106% por sobre sus ganancias. Es decir, de cada 100 dólares que gana un empresario, 106 se le debe pagar al Estado. Esto implica que cualquier empresario local no sólo no obtiene ganancia, sino que también debe pagar impuestos inclusive con su inversión inicial.

En el ranking relacionado con el cobro de cargas tributarias por sobre las ganancias, la Argentina aparece primera con el 106,3%, seguida por Bolivia con el 83,7%, Venezuela con el 73,3%, Colombia con el 71,3%, Brasil con el 65,1%, México con el 55,1%, Uruguay con el 41,8%, Panamá con el 37,2%, y Perú con el 36,9 por ciento.

También, diferentes analistas económicos vienen advirtiendo que el peso del Estado argentino sobre la economía formal es uno de los principales problemas a la hora de conseguir inversiones, y sería uno de los motivos por los cuales diversas compañías extranjeras anunciaron durante las últimas semanas que dejarán de operar en el país dentro de algunos meses.

A esta situación, hay que sumar el escenario difícil que vienen atravesando desde hace varios años las pequeñas y medianas empresas en general y las PyMEs del Norte argentino en particular, quienes abonan las mismas cargas laborales e impositivas que pagan aquellas compañías que trabajan en el centro del país, y que afrontan menos costos en utilización de energía eléctrica y en lo concerniente a logística.

En paralelo, resulta preocupante que las autoridades nacionales, hasta el momento, no hayan dado señales de tener la intención de elaborar una reforma tributaria seria, mientras impulsan nuevos impuestos que parecen ser resultado de diversos requerimientos del momento y que no se enmarcan en un plan que permita lograr mayor equidad tributaria en el mediano y largo plazo.

Por lo expuesto, es necesario que las autoridades nacionales y provinciales analicen en conjunto diversas alternativas para dar lugar a una reforma tributaria integral y progresiva, que beneficie al Estado y que al mismo tiempo no perjudique la actividad del sector privado ni la generación de inversiones y de empleo de calidad.