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SESIÓN MIXTA

La Legislatura aprobó el Consenso Fiscal 2019 y reformas al Código Fiscal y a la Ley Impositiva

Proveedores del Estado que tengan deudas con Rentas no podrán cobrar por los servicios que presten a la provincia o a los municipios


En la cuarta sesión especial mixta que se realiza desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, por la pandemia de coronavirus, la Legislatura aprobó este jueves por la noche tres proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, relacionados a reformas del Código Fiscal y de la Ley Impositiva y la adhesión de Formosa al Consenso Fiscal 2019.

Todos los proyectos fueron aprobados con los votos afirmativos de la bancada justicialista, ya que los diputados de la oposición votaron en contra de las tres iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo provincial.

El primer punto del temario tratado en la sesión presencial y no presencial, presidida por el vicegobernador Eber Solís, fue el despacho de la comisión de Asuntos Económicos y de Obras Públicas, proponiendo la aprobación del expediente 44, sobre modificaciones en el Código Fiscal de la provincia.

Esta normativa dispone la incorporación como inciso 21 del artículo 7º de la Ley 1.589, que establece categorías representativas de los distintos niveles de riesgo fiscal en las que se incluirá a los contribuyentes y/o responsables de todos los tributos que administre la Dirección de Rentas, en función del grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales a su cargo.

Los perfiles serán determinados en la forma y condiciones que establezca la DGR por reglamentación, de acuerdo a parámetros objetivos que surjan de la información disponible en la base de datos del organismo fiscal.

En relación a las categorías representativas de mayor riesgo fiscal, la DGR podrá establecer acciones de fiscalización y control diferenciadas, fijación de alícuotas incrementadas de retención, percepción y/o recaudación, entre otras medidas.

En el artículo 2 de este proyecto se incorpora una modificación en el artículo 25 del Código Fiscal, que establece que “no se podrá autorizar o efectuar pagos a proveedores de bienes, obras y/o servicios de la provincia, de las municipalidades y comisiones de fomento, si no se encuentra acreditada la inexistencia de deudas fiscales, mediante la correspondiente certificación expedida por la DGR”.

Debate

El miembro informante del proyecto de ley, Jorge Román, del PJ, explicó que la iniciativa propicia la creación de un sistema “más justo y más equitativo, que permita mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes”.

Hizo notar que no se trata de algo nuevo en el tema, señalando que este sistema ya lo aplican la AFIP y distintas provincias de todo el país. Ante cuestionamientos de la oposición, el legislador oficialista aclaró que “mal podemos decir que este tipo de medidas genere crisis, porque la razón de la crisis que se vive en el país y el mundo es la pandemia”.

Por su parte, la diputada del bloque “Floro Bogado” Silvia Andraus adelantó su voto negativo al proyecto al considerar que a través del mismo “se otorgan de manera discrecional todas las facultades al organismo recaudador”.

“En vez de apoyar leyes más claras, estamos dando a la comunidad más problemas que soluciones”, advirtió y propuso que a cambio de esta medida, la provincia ponga en marcha una moratoria o prorrogue plazos de pagos de impuestos provinciales.

“Nos vemos imposibilitados de acompañar este proyecto porque acarrearía inequidades, ineficiencia y más burocracia en el organismo recaudador”, remarcó.

En tanto, el diputado de Juntos por el Cambio Enrique Ramírez consideró “inoportuna” la iniciativa y advirtió que con esta medida “se va a ahogar aun más a los contribuyentes, que no es que no quieran pagar, la verdad es que no pueden pagar, no pueden llegar a fin de mes. No está bien que se tome esta medida”, remarcó.

Advirtió que “desde el Gobierno, parecería que le tienen bronca al emprendedor o al privado, que con su propio esfuerzo y riesgo genera puestos de trabajo. Le estamos exigiendo más a un sector que la está pasando mal y le vamos a poner en una lista negra porque no puede pagar, sencillamente porque no está pudiendo trabajar”, añadió.

A su turno, el diputado Armando Cabrera, del PJ, tras aclarar que “no pensaba intervenir”, señaló que “hay cuestiones que hay que ubicar en la situación que estamos viviendo, porque estamos en una emergencia y se escuchan discursos realmente lamentables en el país”.

Sostuvo que el proyecto en debate busca “adecuar las normativas a una realidad y a una situación tributaria que exige el momento. No se aumenta ningún impuesto”, subrayó y recordó que las reformas propuestas coinciden con “los perfiles tributarios de la época de Mauricio Macri”.

En otros tramos de su intervención, el legislador justicialista destacó el “envidiable estado sanitario de Formosa en esta pandemia”, y en este sentido afirmó que ello es posible “gracias al mejor gobernador de la Argentina, por lo que hizo todos estos años por la provincia. En la historia va a quedar así, porque no creo que el gobernador que venga haga lo que hizo el doctor Gildo Insfrán en Formosa”, remató.

Por su parte, el radical Juan Carlos Amarilla dijo que las leyes sancionadas anoche “representan más presión fiscal en el peor momento de la economía de las últimas dos décadas”.

“Se persigue con un ánimo absolutamente recaudatorio a los que sostienen la economía, y en este momento lo que debemos analizar es qué beneficios les podemos otorgar para ayudar al sostenimiento del empleo y directamente la posibilidad cierta de sostener la recaudación en el tiempo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado”, manifestó.

“La rigurosidad que se pretende aplicar en el cumplimiento de las obligaciones tributarias es para tiempos normales. Hoy la situación es asfixiante para los monotributistas y pequeñas PyMEs, y por este camino vamos a perder contribuyentes, cuando en realidad debe haber medidas estatales que apunten a que continúen en el sistema. Actuar de manera contraria es atentar contra las propias fuentes de recaudación del Estado”, añadió.

En el cierre del debate, el jefe del bloque del PJ, Agustín Samaniego, dijo que durante todo el debate, “la oposición buscó que esto se presente como un aumento de impuestos o una mayor presión fiscal sobre la economía, pero todo se trata simplemente de modificaciones administrativas. Acá no se aumenta nada”, sentenció.

También calificó de “irresponsables” a quienes piden que se abran todas las actividades económicas sin tener en cuenta las consecuencias que puede acarrear este tipo de medida en el marco de la pandemia.

El jefe de la bancada oficialista también salió al cruce del diputado de Juntos por el Cambio Adrián Malgarini, quien minutos antes propuso que “alguien saque a pasear, con un collar y una correa, al ministro Jorge Ibáñez para que observe la realidad económica de la provincia”.

“¿Eso es respeto?”, se preguntó Samaniego, quien señaló que la oposición “tiene una obsesión con el ministro Ibáñez. Desconozco la razón, pero la sospecho. No existe persecución a los comerciantes, lo que se hace es corregir inconvenientes, como lo es el vender alimentos podridos”.

Tras dos horas de debate, el proyecto se convirtió en ley con los votos afirmativos del justicialismo.

Cambios en la Ley Impositiva

En el segundo punto del temario de anoche, se trató el expediente 045, con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Económicos y de Obras Públicas, que dispone la modificación del artículo 53 de la Ley Impositiva Nº 1.590, estableciendo que “los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que registren cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo en relación a todos los tributos que administre Rentas y abonen sus declaraciones juradas mensuales en término, en efectivo y en relación estricta con el total de sus ingresos, gozarán de una bonificación del 20% del impuesto determinado.

Los contribuyentes que no cumplieren con las condiciones de admisibilidad del beneficio y abonaren con la reducción prevista en el primer párrafo, serán pasibles de las sanciones que les pudieran corresponder por aplicación de la legislación fiscal vigente, sin perjuicio de la anulación de la bonificación incorrectamente computada.

El tercer punto del plan de labor fue el despacho de la comisión de Asuntos Económicos y de Obras Públicas, para la aprobación del acuerdo suscripto el 17 de diciembre de 2019 entre el Poder Ejecutivo nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado “Consenso Fiscal 2019”, aprobado por Ley Nacional Nº 27.542. La miembro informante de este expediente fue la diputada justicialista Inés Beatriz Lotto.

El tercer punto también se aprobó con los 20 votos del justicialismo, mientras que los 10 integrantes de la oposición se pronunciaron por la negativa.



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