La Defensoría del Pueblo de la provincia salió al cruce de las afirmaciones realizadas desde la Asociación que nuclea a todas las automotrices del país (ADEFA), desde donde consideraron una “intromisión” del Gobierno nacional en la instrucción dada al Banco Central (BCRA) para que estudie alternativas de solución para los consumidores suscriptores, ante el alto costo de las cuotas de autoplanes, las cuales desde marzo de 2018 a diciembre de 2019, en virtud de la corrida cambiaria, han sufrido un incremento del 180%.

Sobre el particular, la defensora del Pueblo adjunta, Dra. Sylvina Portillo, remarcó que el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, de manera insistente, desde el inicio de la crisis cambiaria a comienzos del 2018, ha planteado tanto a las automotrices como a la Inspección General de Justicia de la Nación, que tiene injerencia directa en la fiscalización de autoplanes de todo el país, que revea el precio de las cuotas, dado que se volvieron “casi impagables” para los suscriptores.

Recordó que Gialluca también había solicitado que se difirieran los pagos, se frenara la aplicación de multas por retrasos, se aplicaran bonificaciones, no se impusieran costosos seguros, se posibilitara la cobranza extrajudicial de mora sin cargos adicionales etcétera, “sin que, oficialmente, se hiciera nada al respecto en el anterior Gobierno nacional”.

Indicó que “sí se pudo conseguir un principio de diálogo con las empresas, llegando a revisarse cada caso en particular, mediante la extensión de cuotas y refinanciación, procurando en todo momento velar por los intereses de los consumidores que expresaban su intención de que no se le cayeran los planes y así poder mantener la esperanza de algún día llegar al 0 km”.

Por su parte, el secretario letrado de la Defensoría, José Porfirio García, remarcó que “no existe intromisión alguna por parte del Estado nacional al haber instruido al BCRA para que contemple una alternativa a la difícil problemática que atraviesan quienes hoy deben hacer frente a altísimas cuotas de autoplanes”.

“La Constitución Nacional, en su Art. 42º -destacó el letrado-, prevé que el Estado, por intermedio de sus autoridades, debe velar por la “protección de los intereses económicos de los consumidores y no es otra cosa que lo que se intenta hacer con la medida que se impulsa, la cual prevé la prolongación del número de cuotas de los autoplanes, de manera tal que las mensualidades sigan estando al alcance de los que aún pueden afrontarlas, no se corte el flujo económico hacia las automotrices y, eventualmente, se realicen ajustes futuros a este verdadero plan de rescate de autoplanes que, como se dijera, apunta fundamentalmente, tanto a proteger los derechos de los suscriptores de los mismos, como a redinamizar el sector automotriz que viene pasando por una muy difícil situación desde hace casi dos años”.