El Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín decidió condenar este jueves al influencer Yao Cabrera a cuatro años de prisión por el delito de reducción a la servidumbre, según el fallo al que accedió Infobae. Hubo una sola víctima en el caso, que se constituyó como querellante, representada por un abogado, con un expediente que comenzó en 2020. Cabrera se mantendrá libre, según determinó la jueza Nada Flores Vega, hasta que la condena en su contra se vuelva firme con las sucesivas confirmaciones.

Por otra parte, la jueza ordenó que el influencer le pague a la víctima una reparación de 6 millones de pesos.

El caso podrá tener repercusiones peores para la ex estrella de Youtube: la magistrada ordenó que se remitan testimonios a la UIF, la PROCELAC, la AFIP y la ANSES para determinar la existencia de otros posibles delitos financieros e impositivos.

Fragmento de la condena a Cabrera

La acusación de la Justicia contra Cabrera

Según documentos de la causa, “entre diciembre de 2019 y enero de 2020, contrató como editora de videos a GBDM. A tal propósito, le prometió un salario y proporcionarle vivienda y comida. Sin embargo, en este período, mientras residían con otras personas en el inmueble en el lote 125 del barrio San Marcos (Escobar), Cabrera Rodríguez la sometió a precarias condiciones laborales”.

“En concreto, jornadas de labor extensas (más de doce horas y a veces un día entero sin descanso); se amenazaba con la imposición de descuentos (multas) -efectivizadas en una ocasión- o la expulsión si no se cumplían las condiciones (grabar vídeos con ciertas personas, replicar material en redes sociales y normas de convivencia); se proporcionaba la comida en mal estado y cantidades insuficientes; solo podía ausentarse de la vivienda los domingos siempre y cuando hubiese concluido con sus labores; y nunca se le pagó el dinero prometido. De este modo. Cabrera Rodríguez habría colocado a GBDM en una situación de servidumbre, aprovechándose de su vulnerabilidad preexistente”, continúa el texto.

A mediados de 2023, se encomendó a los profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que brinden acompañamiento y asistencia a la víctima. Cabrera había sido procesado sin prisión preventiva un año antes, con un embargo de tres millones de pesos y una estricta prohibición de contactar a la damnificada o acercarse a ella.