En horas de la tarde de ayer, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la sede del Comité Provincial de la UCR a fin de hacer pública la presentación realizada en horas de la mañana ante el STJ por lo que consideran el “atropello institucional” ocurrido el domingo durante la Sesión Preparatoria del Concejo Deliberante de la localidad de El Colorado.

En primera instancia, hizo uso de la palabra el Dr. Martín Hernández en su carácter de presidente del Comité Provincial de la UCR: “Esta mañana realizamos una presentación ante el STJ mediante la cual se impugna y se pide la nulidad de la ‘Sesión Preparatoria’ por las graves irregularidades, arbitrariedades y nulidades que tuvo el acto en el cual se despojó al profesor Pablo López Pereyra de la banca de concejal y con eso se vulneró y atropelló la voluntad popular”.

Por su parte, el concejal electo -que no pudo asumir- Pablo López Pereyra señaló que desde hace años tiene un conflicto con el intendente Mario Brígnole “porque tengo un programa radial donde soy crítico de la gestión” y consideró que “evidentemente lo que existe es una maniobra, una orquestación para impedirme acceder a una banca que legítimamente hemos ganado con la voluntad de ciudadanos de El Colorado”.

Asimismo, recordó: “En junio fui electo y en julio tuve una demanda de parte del Municipio; demanda por una deuda que considero abusiva y extorsiva. Después de esta maniobra, vino la coronación de todo el domingo cuando, en una ‘Sesión Preparatoria’ viciada de nulidad absoluta no me permitieron asumir. Además, la presidencia del Concejo me correspondía por ser el concejal electo de mayor edad, pero quien presidió fue Clara Doroñuc, esposa del intendente. A partir de ahí vino otro vicio: se llamó a un cuarto intermedio donde hicieron una sesión secreta con el intendente, dos policías y un escribano. Luego hicieron asumir a una señora fuera del corrimiento de lista que existe. No me permitieron hacer uso de la palabra. Fueron una serie de irregularidades que hacen nulo de nulidad absoluta todo lo que sucedió”.

Durante la conferencia, López Pereyra detalló que el Municipio coloradense le requiere como deuda un monto superior a lo que vale la única vivienda familiar que tiene. “Un monto que supera los 450 mil pesos por 20 años de tasas y servicios, según el Municipio. Quiero aclarar que tengo voluntad de pago; pretendía hacer un depósito antes de la Preparatoria, pero surgió la sesión en domingo y me impidieron hacer el depósito a consignación de la deuda que se supone que tengo”.

En una inmediata intervención, Martín Hernández marcó que “Pablo se presentó ante la Justicia por esta demanda, impugnó la deuda y los montos. Es decir que hoy, el monto está en litigio”. Cabe marcar que en lugar de López Pereyra asumió Viviana Portillo, que es la primera suplente en la lista que encabezaba. “Yo creo que eso fue todo un ardid”, dijo el damnificado.

Para el presidente del Comité Provincial de la UCR, lo ocurrido fue “una arbitrariedad manifiesta del intendente. Ya ni siquiera alcanza con que lo voten a Pablo, que la ciudadanía se manifieste política y electoralmente, sino que también ahora hay que pasar el filtro de la voluntad personal de quienes se creen amos, dueños y señores del pueblo. Creo que es muy grave lo que está pasando. Lo hecho por Portillo es improcedente e ilegal, y afecta no sólo a Pablo como concejal electo, al Frente como partido político, sino a la gente que votó y se expresó con el voto”.

Demanda por un conflicto de poderes

A su turno, el apoderado de la UCR, Dr. Gabriel Hernández, brindó detalles sobre la presentación realizada ante el STJ. “Presentamos una demanda por conflicto de poderes. Hay un conflicto interno dentro del Concejo de El Colorado que ha realizado una sesión que estuvo totalmente viciada de nulidad. Hay muchos elementos para decir esto: buena parte de la sesión fue secreta, estuvo la prensa, los vecinos, se llenó de policías y hasta hubo efectivos antimotines, un gran despliegue policial entre la mesa de los concejales y la gente de tal forma que nadie pudiese acercarse”.

Al seguir detallando lo que consideró como “vicios de la Preparatoria”, refirió: “Se levantaron los concejales del PJ y fueron a una oficina, abandonando la sala de acuerdos que según el Reglamento Interno del HCD es el lugar donde deben realizarse las sesiones que son públicas. Se fueron y desarrollaron una sesión secreta presidida por el intendente. Mucho más grave que eso es que el Reglamento establece que sólo se pueden plantear impugnaciones a los diplomas de los concejales por los requisitos constitucionales (edad, residencia en el pueblo de cuatro años) que López Pereyra cumple y no dice nada sobre la deuda inventada”, dijo Hernández.

En otro tramo de su exposición, el apoderado de la UCR aclaró que “el 16 de junio, López Pereyra fue electo concejal y el 11 de julio se emitió la deuda. La deuda debe ser comunicada, informada al vecino y el vecino puede discutirla y se inicia un proceso administrativo si considera que no es tal, como ocurre en este caso. Hay un trámite administrativo para ver quién tiene la razón pero acá, eso no se hizo. Pablo dijo que no correspondía la deuda pero igual le hicieron el juicio ejecutivo”.

Teniendo en cuenta que la demanda se inició después de que López Pereyra fue electo edil, “es absolutamente claro que hay una maniobra para anular su diploma y llamar a una suplente que evidentemente tuvo una conversación previa con el intendente, porque ella, por detrás de Pablo ya presentó el pedido de asunción. Ya había un expediente con el pedido de esta señora antes de que los concejales resuelvan su situación, con lo cual queda demostrado que hubo una maniobra política que consideramos una traición”

Asimismo, el Dr. Gabriel Hernández refirió que cuando a López Pereyra no le permitieron presidir la preparatoria y cuestiona lo ocurrido, “los concejales del PJ lo dejan de lado y a partir de ahí todo es nulo. Sesionan en secreto, con la Policía presente, con una deuda municipal inventada después de las elecciones, con un reglamento que es muy claro cuando dice que si está impugnado el diploma hay que reservarlo y en sesiones ordinarias posteriores tratar la cuestión, pero ellos no esperaron, no lo reservan, violaron el Reglamento, anularon el diploma de Pablo y llamaron a Portillo, que ya estaba esperando vestida para jurar”.

De manera enfática, el letrado marcó que “acá hubo una emboscada política. Hoy Brígnole elige qué concejales quiere tener en su Concejo, quiere digitar quienes serán de la oposición” y además explicó que tras la presentación realizada ante el STJ, el máximo órgano judicial de la provincia deberá pedir al Concejo el expediente completo, luego la opinión del Procurador General y tendrá 10 días para resolver.

“Suponemos que antes de fin de año ya estará la definición, porque vamos a pedir habilitación de feria judicial, y habida cuenta de la gravedad institucional que se está planteando, que es la nulidad de todo el proceso de asunción de autoridades -porque en esa sesión también juró Brígnole y los demás concejales-; y si es nula la sesión, es nulo todo y hay que sanear la situación para que el Concejo y la Municipalidad tengan autoridades legalmente asumidas. Esto no puede esperar al año que viene ni los tiempos de lo que sería un expediente normal”, remarcó para concluir adelantando que en el eventual caso de no tener una respuesta favorable del STJ recurrirán a la Corte Suprema de Justicia.

Acciones penales y civiles contra Portillo si “prosigue con la usurpación de la banca”

Por su parte, la Dra. Agostina Villaggi, apoderada del Frente que llevó como primer candidato a concejal al profesor Pablo López Pereyra, confirmó a La Mañana que en la jornada de hoy enviarán “una carta documento a Viviana Portillo donde vamos a advertirle sobre la presentación realizada ante el STJ, a través de la cual pedimos la nulidad de la ‘Sesión Preparatoria’ y le adelantamos que, de proseguir con esa actitud de querer usurpar una banca que no le corresponde, se le iniciarán acciones penales y civiles”.

Entre tanto, el diputado provincial Ricardo Carbajal apuntó a la responsabilidad que le cabe en esta situación al Tribunal Electoral Permanente marcando que “si ese cuerpo no te pide antes de una elección un certificado de libre deuda, no te lo pueden exigir después de haber sido electo. Es su responsabilidad: preservar, conservar y permitir que se exprese la ciudadanía y respetar la voluntad popular. El TEP es el que falló en esta oportunidad porque no puede mandar a votar a la gente, que la gente se exprese y después ponerle otro condicionamiento y dejar a un gran sector de la sociedad sin su representación en el Concejo”.

“Si el STJ hace otra interpretación de los artículos de la Ley 1028 que, en su capítulo dedicado a las incompatibilidades e inhabilidades no incluye a los concejales en el condicionamiento sobre tener una deuda al erario municipal para asumir -algo que está circunscripto a los funcionarios municipales-, será el TEP responsable de que se acate la voluntad popular. El problema acá es que se le está negando a muchos coloradenses que eligieron a su candidato la representatividad dentro del Concejo”, concluyó el legislador provincial.