Desde la Defensoría del Pueblo se advirtió que, si bien el uso de tarjetas de crédito permite resolver en el momento la falta de dinero en efectivo, esta decisión trae aparejada a largo plazo una deuda mucho mayor.

Por ello, se recomendó la necesidad de abonar al cierre de cada mes el 100% del saldo de la tarjeta y no aceptar la opción del pago mínimo, puesto que al mes siguiente, los gastos de intereses que ocasiona ese pago mínimo se tornan impagables. No hay forma de sostener tasas que llegan en algunos casos al 100% anual.

Al respecto, el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, reveló que “observamos que en la actualidad, sucede que la mayoría de las familias que realizan las compras de productos alimenticios en los supermercados u otros comercios abonan con tarjetas de crédito. Eso da la pauta de la crisis en la que estamos, ya que la gente abona la comida en cuotas, y el mes que viene o la semana que viene la tienen que volver a comprar de igual manera. El resultado de esto es una bola de nieve imparable”, alertó.

Asimismo, comentó que “observó que algunos supermercados y comercios sólo se permiten llevar una unidad de aceite o de harina por grupo familiar. Racionar los productos es algo normal en crisis como las que estamos viviendo; y el motivo es que al dispararse los indicadores económicos, las empresas formadoras de precios no saben lo que valen los bienes que tienen, por lo que no entregan productos a los distribuidores y -por ende- a los supermercados o comerciantes”.

“Así, los supermercados o los mayoristas no pueden vender 10 bolsas de harina a una persona, cuando no sabe cuándo la va a reponer y a qué valor”, señaló.

En lo que respecta al faltante de los precios en góndola, desde la Defensoría del Pueblo se señaló que dada la corrida cambiaria que hubo, las empresas no tienen el tiempo de colocar el precio que corresponde por sistema.

Sin embargo, consideró que para el ciudadano, es necesario saber cuál es el valor del producto para poder conocer si luego podrá o no abonarlo en caja. Por ello, se sugirió a todos los consumidores adoptar las precauciones necesarias y, entre las mismas, preguntar a los empleados de cada lugar que se les informe el precio o valor que tiene cada producto o recurrir -en el caso de existir- a las lectoras de código de barras.

Por último, para el caso en que se le pretenda cobrar precios irracionales, recomendó no adquirir los mismos y ver siempre la posibilidad de encontrar sustitutos o directamente otros lugares de venta. Y aquí es importantísimo que cada consumidor controle lo que paga en las cajas y guarde los “tickets” correspondientes para poder luego hacer cualquier tipo de reclamo o denuncia ante la Defensoría del Pueblo.