Durante una nueva participación de la Defensoría del Pueblo de la provincial en el II Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires, permitió el tratamiento y aprobación unánime de todos sus miembros en relación a la solicitud del organismo de Formosa, para que se concreten en forma inmediata todas las acciones administrativas necesarias dirigidas al Gobierno nacional “para una segura y definitiva reactivación del Ramal C-25 del Ferrocarril Gral. Belgrano, que une a la Ciudad de Formosa con Embarcación-Salta”.
En representación de la Defensoría del Pueblo de Formosa, el asesor letrado Flavio Fleitas señaló que “este Ramal ha sido un pilar del desarrollo del centro y norte de nuestra provincia, pues desde 1931 ha representado un medio económico y seguro para transportar bienes y servicios hacia nuestra capital. Luego de 60 años en 1993, dada la falta de inversiones, dejó de funcionar y desde entonces es que venimos reclamando su reactivación”, señaló.
Recordó que “así se llegó al año 2011 en el que se reconstruyeron 30 km de vías desde Formosa capital hasta la localidad de Mariano Boedo, pero lamentablemente, esta ejecución cayó en el olvido hasta que apareció el promisorio “Plan Belgrano” y desde entonces los 702 km de vías que cruzan transversalmente a nuestro territorio, en lo que fue alguna vez el tramo ferro recto más largo del mundo, no avanzó hasta la fecha”.
Por otro lado, en el encuentro también se aprobó por unanimidad, peticionar como medida preventiva al BCRA que emita las circulares necesarias que obliguen a los bancos y a las entidades financieras a que se abstengan de otorgar servicios crediticios que posteriormente superen en lo que respecta a su cobro, el 30% de los haberes netos a jubilados y pensionados; toda vez que en la actualidad a consecuencia de la inexistencia de límites, se producen una serie de abusos que terminan perjudicando gravemente a este sector vulnerable de la población.
Por último, entre otros puntos, se decidió solicitar que las delegaciones del ANSeS en cada provincia “permitan la recepción de las impugnaciones a las intimaciones que continúa realizando el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), obligando a la presentación del CMO Digital, el que constituye un acto de cumplimiento imposible y que afecta a un colectivo vulnerable, en donde el Estado nacional está obligado a garantizar sus derechos y no a eliminárselos unilateralmente, refiriéndonos a los discapacitados”.