La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que desde los Estados Unidos buscan proscribirla, luego de que un senador de ese país pidiera que sea sancionada a raíz de las causas de corrupción por las que se la investiga.
A través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, la titular del Senado, argumentó: “Tal cual lo dije: ¡Proscripción! Y para que nadie tenga dudas, del norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Py. ¿En serio lo van a seguir negando? Dale…”
Ese primer mensaje iba acompañado con una captura de pantalla de una nota de la web de Clarín titulada: “Antes de la reunión Fernández-Biden: Un senador de los EE.UU. pide que se investigue y sancione a Cristina Kirchner por corrupción”.
En los siguientes mensajes, Cristina Kirchner acusa al senador republicano Tez Cruz de ser “el que más dinero recibió de las empresas de petróleo y gas en el año 2018… Y acá tenemos Vaca Muerta, segunda reserva de gas shale y cuarta de petróleo shale a nivel mundial”.
“Yacimiento Vaca Muerta, que recuperamos junto a YPF en mi segundo mandato durante el año 2012. ¿Te das cuenta por qué nos dejaron afuera de la cancha? Se nota mucho”, sumó Cristina en un tercer mensaje y agregó: “Por si todo esto fuera poco, 5 días antes de que intenten asesinarme, el Senador Ted Cruz había pedido sanciones en mi contra por las acusaciones del Fiscal Luciani. Como verás, todo hace juego con todo”.
Los dichos de Cruz que enojaron a Cristina Kirchner
Esta mañana se conoció que el senador republicano Ted Cruz, miembro del Comité de Relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos, presentó un proyecto de ley para exigirle a la Casa Blanca que investigue a la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, y a otras cuatro figuras kirchneristas, entre ellos, Máximo Kirchner, para determinar si deben ser sancionados por corrupción. La ofensiva de Cruz en el Capitolio, con durísimas críticas a Cristina Kirchner y su entorno, ocurrió antes de la reunión bilateral entre el Presidente Alberto Fernández y el mandatario norteamericano, Joe Biden, en la Casa Blanca.
Además de la vicepresidenta, Cruz pide que se investigue a su hijo, el diputado Máximo Kirchner; al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; al senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, y al procurador del Tesoro, Carlos Zannini. El pedido de Cruz, un republicano aliado de Donald Trump, muy crítico del gobierno de Biden, surge a raíz de la condena a fines de 2022 contra Cristina Kirchner en la llamada causa Vialidad, “un elaborado esquema de sobornos y comisiones ilícitas que defraudó al pueblo argentino en miles de millones de pesos”, según indicó la oficina de Cruz en un comunicado.
Alberto Fernández ha respaldado a Cristina Kirchner, y ha acusado a la Justicia de someterla a una persecución política para proscribirla, en línea con la defensa desplegada por el kirchnerismo. El gobierno de Biden ha asumido el compromiso de combatir la corrupción, y ya ha sancionado a políticos de América Latina por corrupción, incluida la fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, y, recientemente, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli; al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, y el actual vicepresidente, Hugo Velásquez. La administración demócrata no ha actuado contra Cristina Kirchner.
“Cristina Fernández de Kirchner es una política profundamente corrupta que ha socavado el estado de derecho de Argentina y sus instituciones políticas”, dijo Cruz, según un comunicado de prensa al que accedió LA NACION. “La evidencia en su contra es pública, creíble y respaldada por los tribunales argentinos. Más allá de la Argentina, ella y sus asociados han socavado los intereses de seguridad estadounidenses en la región al poner las instituciones argentinas al servicio de la campaña de terrorismo global de Irán. Continúan haciéndolo”, agregó Cruz.
El proyecto de Cruz –que tiene pocas posibilidades de prosperar en el Senado, pero eleva un tema incómodo en la relación bilateral– le pide a Biden que ponga en marcha los mecanismos previstos en la ley y ordene un informe del Departamento de Estado para avanzar con las sanciones a fin de “proteger los intereses estadounidenses en el extranjero de los políticos corruptos que buscan socavarlos”.