El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, mantuvo hoy una reunión con el procurador general de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, a quien le solicitó que destine mayores recursos a la fiscalía federal de la ciudad de Victoria con el objetivo de avanzar en la investigación y determinar la culpabilidad por la quema de pastizales en el delta del Paraná, se informó oficialmente.
Del encuentro también participó el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky.
Según indicaron fuentes de la cartera nacional, las acciones en el combate del fuego se complementan con presentaciones de información "en la Justicia para que pueda avanzar con las investigaciones y encontrar a los culpables de los incendios intencionales en el Delta".
La cartera ambiental recordó que la primera presentación durante 2022 fue a mediados de julio en la Justicia Federal con asiento en Entre Ríos, donde se presentaron imágenes detectadas por los Faros de Conservación para aportar pruebas georreferenciadas de los focos ígneos.
Asimismo, el 9 de agosto, el ministro Cabandié y el viceministro Federovisky viajaron a la ciudad de Victoria para ampliar la información presentada en el Juzgado Federal de dicha ciudad y solicitar a la provincia que brinde los datos catastrales de los terrenos que presentaban, de forma reiterada, focos ígneos.
Allí, además, mantuvieron una reunión con el juez federal de Victoria, Federico Martín, y el fiscal Claudio Kishimoto.
Además, el 13 de septiembre, el Ministerio presentó una medida cautelar a dicha sede judicial para aplicar sanciones previstas en la Ley de Manejo del Fuego, como la prohibición de cambios de uso de suelo en los lotes relevados que sufrieron incendios, resaltaron.
Remarcaron que la primera denuncia sobre incendios en esa región se radicó en junio del 2020 en el Juzgado Federal n.° 2 de Paraná a cargo del juez Daniel Edgardo Alonso.
También -indicaron- hay una segunda causa, iniciada en julio del 2022, en el Juzgado Federal de Paraná N° 1 a cargo del juez Leandro Ríos.
En ambas causas el Ministerio de Ambiente es querellante.