El asentamiento conocido como Lisbel Rivira, ubicado detrás del Cementerio San Antonio, no es nuevo. En el año 2018 el Gobierno Provincial ubicó a 155 familias que vivían en malas condiciones y en precarias casillas en las zonas aledañas al cementerio, la vía y la chanchería, otorgándoles módulos habitacionales con todos los servicios básicos de luz, agua, cloacas e iluminación, en el Lote 111.
“A pesar de las advertencias sobre los peligros que conlleva ocupar terrenos de forma ilegal, nuevas familias se instalaron en este predio a dos años de la desarticulación del asentamiento que constituía un gran riesgo sanitario y social para sus mismos habitantes”, informaron desde el Ministerio de la Comunidad.
Ayer, un equipo social del Ministerio de la Comunidad concurrió al improvisado asentamiento con mercaderías y para interiorizarse de la situación particular de cada una de las familias.
“El Estado provincial ha dado una importante respuesta con un criterio de justicia social y equidad, a partir de una decisión del gobernador Gildo Insfrán, implementando el novedoso sistema de módulos habitacionales sin costo alguno para los beneficiarios y construidos con fondos netamente provinciales. A la fecha, se llevan entregados más de 6 mil módulos en distintos sectores de la ciudad y se continúa trabajando arduamente en la entrega de los mismos”, señalaron.
“El objetivo de este programa es garantizar un techo digno a familias que viven en situación de vulnerabilidad. Su entrega se lleva a cabo mediante criterios establecidos, analizando cada situación en particular y otorgándolos oportunamente en base a una lista de prioridades”, subrayaron.
Criterio de prioridades
El Programa de Módulos Habitacionales tiene un carácter integral, y está orientado al mejoramiento del entorno y la calidad de vida de las familias de menores recursos que habitan sectores deprimidos de la ciudad, posibilitando la inclusión social de los mismos.
Para acceder a un módulo, hay un criterio de prioridades: familias numerosas que tengan 4 hijos o más, que viven en condiciones de hacinamiento crítico e integrantes con problemas de salud crónicos, personas con discapacidad, casos de abuso sexual o de violencia de género.