El Gobierno de Paraguay reconoció ayer que investiga como un “hecho nuevo” las denuncias sobre la aparición de un grupo armado hasta ahora desconocido y presuntamente formado por indígenas que se atribuyó el asesinato de un capataz brasileño en el este del país.
El asesinato del brasileño, administrador de una explotación agropecuaria, fue cometido en la noche del lunes en los alrededores de Pedro Juan Caballero, ciudad fronteriza con Brasil, indicó un comunicado del Comando
de Operaciones de Defensa Interna paraguayo.Unos 20 hombres con armas largas y cortas, presuntamente pertenecientes a la ignota Brigada Indígena contra Matones de Estancia, asaltaron la finca con el objeto de matar al administrador, identificado como Avelino Camargo.
Además, quemaron maquinaria agrícola, vehículos y dependencias de la estancia, según un comunicado, oficial citado por la agencia de noticias EFE.
La información fue confirmada por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) a través de un comunicado en el que se mencionó que el capataz de la estancia Ñandu’i fue ultimado por el grupo agresor.
“La presencia de indígenas es un hecho nuevo, hay que reconocerlo”, dijo a los medios de prensa el ministro paraguayo del Interior, Juan Ernesto Villamayor.
El funcionario explicó que en la zona donde tuvo lugar el ataque existe un conflicto “entre estancieros y grupos nativos”, pero aclaró que todas las informaciones serán analizadas “con prudencia”.
Villamayor también aseguró que por el momento no se ha confirmado que entre los agresores haya habido personas con “rasgos indígenas”, una versión aportada por supuestos testigos del ataque y también atribuida a efectivos
militares.
Esos testimonios añadieron que los atacantes actuaron a cara descubierta y vestidos con uniformes de camuflaje. Antes de darse a la fuga, el grupo dejó varios panfletos firmados por la “Brigada Indígena contra Matones de Estancia”, un grupo que para el Gobierno era hasta ayer completamente desconocido.
Medios de prensa paraguayos y autoridades militares hicieron especulaciones sobre posibles vínculos entre este grupo y la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que tiene antecedentes de ataques a estancias que
utilizan productos agrotóxicos en sus plantaciones de soja.
El mayor Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), dijo a una radio paraguaya que ya disponía de antemano de información según la cual “un sector de la comunidad indígena está operando con el EPP”, algo que el Gobierno asegura no tener por seguro.
El ministro Villamayor tampoco descartó que el EPP esté integrando indígenas en sus filas, aunque subrayó que “los equipos de seguridad tienen que trabajar sobre hechos confirmados”.
El EPP tuvo intensa actividad reflejada en los secuestros extorsivos de empresarios dedicados a la explotación de propiedades agrícolas, con cuyo producto financian sus acciones.
La semana pasada se cumplieron cinco años del secuestro por parte del EPP del suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo, desaparecido desde entonces.
El Gobierno tampoco conoce el paradero del ganadero Felix Urbieta, que fue secuestrado en octubre de 2016 por una facción escindida del EPP. (Télam)