La paralización de la obra pública en todo el país, por decisión del Gobierno nacional, está causando severos perjuicios en Formosa, donde decenas de emprendimientos han sido desfinanciados desde que Javier Milei asumió la Presidencia el 10 de diciembre.

Los planes de viviendas figuran entre los más afectados, pero a esto hay que sumarle importantes trabajos viales que estaban en marcha, algunos con un alto grado de avance, como el tramo de la Autovía 11 entre Tatané y General Mansilla.

Si bien el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Javier Caffa, dijo a La Mañana que “ante el desfinanciamiento de la Nación”, la Provincia continúa haciendo obras con recursos propios, lo cierto es que éstos -afectados encima por distintos recortes recientes- resultan más que insuficientes para atender el grueso de las obras nacionales suspendidas por tiempo indeterminado.

No es la primera vez que la construcción sufre caídas estrepitosas en la Argentina. La de principios de siglo, tras el estallido socioeconómico de fines de 2001, conjugó varios de los principales problemas económicos de ese momento: la postergación de proyectos de infraestructura, la baja de los ingresos y, finalmente, las restricciones impuestas por el corralito.

En diciembre de aquel año, la construcción cayó un 34 por ciento respecto al mismo mes del 2000. En todo el 2001 la actividad se redujo un 10 por ciento en relación al año precedente. En ese bienio, los puestos de trabajo del sector disminuyeron a la mitad, lo cual contribuyó al aumento de la desocupación general. Aquel cuadro, drástico, tardó en revertirse.

Fue una crisis inédita en un sector fundamental en la creación de fuentes de trabajo; un sector que, en el caso de la construcción de viviendas, tiene una fuerte influencia en la suerte de innumerables actividades, por la variedad de elementos empleados en ella, y que por el lado vial hace nada menos que a la seguridad en las rutas, una materia largamente adeudada, por la cual pierden la vida miles de personas cada año en todo el país.

A efectos de refrescar la memoria, cabe recordar que a mediados del año 2000, cuando era evidente que la recesión se prolongaba y provocaba la caída de los ingresos fiscales, el Gobierno nacional de entonces anunció la realización de un Plan de Infraestructura para reactivar la economía. Pero la ejecución de los planes y de las inversiones se fue postergando, a pesar de que la recesión seguía profundizándose.

La situación del sector se complicó aun más en aquella época con las restricciones bancarias, que redujeron el poder de compra de millones de personas y provocaron la demora o cancelación de muchas obras.

La situación actual ya no es inédita -por aquel antecedente-, pero sí apunta a batir nuevos récords -económicos y sociales- negativos. Si no se revierte en lo inmediato esta caída libre, habrá que esperar la quiebra de muchas empresas chicas y medianas dependientes de la actividad de la construcción, con su secuela de pérdida de empleos.

El tema obra pública merece revisiones, sí, y profundas; lo que no puede es desaparecer de la agenda.