Tras el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni de que el Gobierno nacional decidió suspender la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, y el próximo quite de autorización a 12.000, que ya habían sido suspendidas en 2019, la medida fue desmentida en la provincia de Formosa.

El contador Ricardo Fischer, subsecretario de Economía Social, sostuvo que la política comunicacional del Gobierno nacional, a través de su vocero, tiene por objetivo “confundir, generar miedo y malestar”.

“Odian a la gente, a los más humildes, en las cooperativas se concentran las personas más humildes. Ese anuncio que hizo el vocero presidencial no se condice en lo más mínimo con las dos resoluciones que emitió el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) el día 25 de marzo, que todavía no están publicadas en el Boletín Oficial y tendrán validez a partir de que ello ocurra”, comenzó explicando.

Argumentó que se trata de una falacia decir que “todas las cooperativas que se crearon desde el 2020 al 2022 serán dadas de baja” y agregó que “es una mentira que no se puede ni siquiera pensar, porque una cooperativa o una mutual son entidades que primero fueron creadas por decreto-leyes y ratificadas por leyes, que tienen un proceso de creación a través del organismo nacional INAES y un organismo provincial, como nosotros”.

Dijo que para darlas de baja, debe cumplirse con un proceso, también establecido por resoluciones, que incluyen una auditoría, sumario, derecho de defensa, y luego, en caso de encontrarse una irregularidad, se procede a la baja.

El funcionario provincial fue categórico al señalar que de ninguna manera las 200 mil cooperativas que funcionan en el país pueden ser catalogadas como irregulares y subrayó que en caso de detectarse un ilícito, es el INAES quien tiene la facultad de iniciar un sumario y proceder a la baja.

Al explicar la situación, señaló que “sacaron dos resoluciones, 878 y 879, en una de ellas convocaban al reempadronamiento de las cooperativas, o serían dadas de baja”.

Dijo que tras esa decisión, en Formosa se revisaron los listados y no más de seis estaban incumpliendo con el reempadronamiento, por lo cual instó a hacerlo en el término de diez días hábiles, como dice la misma resolución.

“La otra obligación que tienen todas es hacer todos los años, a los cuatro meses de cerrado el ejercicio, una asamblea donde se trate el balance, desde el Consejo de Administración. En el caso de que se cumpla el plazo, se tendrá que renovar autoridades”, explicó.

Y enfatizó que en el caso de “las cooperativas que están actuando mal y fueron creadas con objeto distinto al que es el puro y noble del cooperativismo, si el INAES lo prueba, se hace un sumario y corresponde que se les quite la autorización para funcionar”.

Al llevar tranquilidad al sector, recordó que las cooperativas formoseñas “no reciben un solo peso del Gobierno nacional” y consideró que “no tienen nada de qué preocuparse, porque no existe ningún mecanismo legal para que ningún gobierno a través de un decreto pueda darlas de baja, por ese simple hecho”, concluyó.