En Formosa se viene desarrollando el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.

En este marco, el móvil de La Mañana en Vivo dialogó con la Subsecretaria de Derechos Humanos, Silvina Arauz quien precisó que llevar adelante el juicio “es un hecho histórico” ya que “después de tantos años de acompañar a las víctimas y testigos y ver que los tiempos de la justicia son lentos podemos luchar por la memoria que está presente y llegamos con la verdad y la justicia”.

Asimismo, ratificó la importancia del enjuiciamiento para la sociedad formoseña. Y resaltó que la audiencia se puede visualizar desde las diferentes plataformas.

También recalcó la labor de la Justicia para llevar a cabo la sanción a los responsables. Teniendo como antecedente los cuatro juicios anteriores marcando un antes y después en la historia Argentina.

En cuanto a los acusados Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey, quienes fueron nombrados como ministros del máximo tribunal provincial en mayo de 1976 por el entonces gobernador de facto de Formosa, el coronel Juan Carlos Colombo están acusados de secuestrar a 8 víctimas. Las mismas eran empleadas en diferentes áreas de la justicia provincial y muchas de ellas integraban la Asociación Judicial de Formosa. Fueron secuestradas entre agosto y octubre de 1976 y llevadas a los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Destacamento Policial de San Antonio, denominado también como “La Escuelita”, y en el Regimiento de Infantería de Monte 29.

Además, según se pudo reconstruir en la investigación, los entonces ministros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa recibieron informes del jefe del Área Militar 234 en los que las autoridades militares asumían la responsabilidad sobre las detenciones ilegales. Los jueces omitieron corroborar la legalidad de esas detenciones y las condiciones en las que fueron mantenidos cautivos y, por el contrario, a partir de esos informes, decidieron cesantear o suspender de sus tareas a las víctimas.

Otros dos miembros del máximo tribunal provincial durante la dictadura, Sergio Martínez y Juan Fernández Bedoya, también estuvieron acusados por estos hechos, pero fallecieron antes de que el expediente fuera elevado a juicio.

En este caso, la Subsecretaria remarcó que "buscamos llegar a la verdad".

Encuentro con el secretario Pietragalla

Por otro lado, Arauz sostuvo que mantuvieron una reunión con el Secretario de Derechos Humanos de La Nación, Horacio Pietragalla y sostuvo que "contamos con su respaldo y del Gobierno ante estos hechos" y "vemos la importancia del seguimiento que presentaron". Y también compartió con el Gobernador una agenda de institucional.