El procurador general del Poder Judicial de la Provincia de Formosa, Sergio Rolando López, subrayó que luego de una investigación “quedó demostrada la falsedad en la noticia de las 86 embarazadas refugiadas en el monte”, hecho al cual hacía alusión un reciente informe periodístico de la señal de cable Todo Noticias.

En diálogo exclusivo con La Mañana, López aseguró que tras una exhaustiva investigación llevada en forma conjunta por parte de la Procuración General y la Fiscalía con competencia territorial en los departamentos Matacos y Ramón Lista, a instancia del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia, quedó “acreditada” la “falsedad” de la noticia.

Cabe recordar que el tema fue abordado en la difusión del programa “Telenoche Investiga”, correspondiente al canal Todo Noticias emitido en la noche del 11 de marzo de este año, en el que se hacía referencia a la presunta violación de derechos de mujeres gestantes pertenecientes a las comunidades indígenas del extremo oeste formoseño, mencionando que allí las mismas son “perseguidas por miembros de la Policía provincial, quienes las llevan a centros de aislamiento, y si ya están en término les practican cesáreas, llevándolas a veces a la ciudad de Formosa donde son separadas de sus niños”.

Durante el informe, también se sostuvo que a esas mujeres se les colocaba de manera compulsiva un “chip subcutáneo anticonceptivo”. “Escondidas y aterradas, las embarazadas del monte. No quieren que las separen de sus hijos al parir”, expuso el informe del canal porteño.

Al respecto, el procurador general explicó que dispuso la sustanciación de la investigación solicitando al jefe de la Agrupación VI de Gendarmería Nacional autorice lo necesario para materializar las decisiones que en dicho marco tome el Secretario de la Procuración y el Fiscal.

“Ya en la ciudad de Ingeniero Juárez el día 13 de marzo, habiendo sido indicada la misma como posible lugar de ocurrencia y no en El Potrillo como se afirmaba, la Comisión Judicial se constituyó en el Escuadrón 19 de Gendarmería Nacional a los fines de proceder a la individualización de las personas que se observaban en el programa, todo esto en presencia de testigos residentes en la ciudad indicada. Así también, se solicitó al jefe del Escuadrón realice un amplio informe socioeconómico y ambiental de los lugares de residencia de las personas pertenecientes a las comunidades indígenas”, relató el funcionario judicial a La Mañana.

“Una las personas que habían comparecido pudo reconocer en la misma a una referente de las comunidades aborígenes que sería luego identificada por otras personas como perteneciente a las comunidades de Ingeniero Juárez”, puntualizó.

“Siendo materia de interés conocer los antecedentes médicos de las personas individualizadas, la comisión judicial se constituyó en el Hospital de Ingeniero Juárez donde su director expresó que hasta ese momento registraban 168 mujeres en estado gestacional en la localidad de Ingeniero Juárez, de las cuales 38 son originarias, aclarando que diariamente se realiza atención primaria de la salud, con equipos y personal médico, quienes se constituyen en los domicilios de las personas gestantes debido a que las mismas no concurren de manera espontánea a los controles periódicos”, expuso el doctor López.

“También, refirió que las mujeres de las comunidades indígenas se inician sexualmente a muy corta edad y cursan sus primeros embarazos de manera temprana, por lo que al momento del parto presentan una talla baja que a veces no permite el parto normal debido a la desproporción entre el tamaño del bebé y el canal del parto. En cuanto a los índices de natalidad, relató que desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo del corriente año se registra un total de 116 nacimientos, de los cuales más del 80% corresponden a la población originaria de la zona”, precisó.

El funcionario también reveló que “otros integrantes de los grupos indígenas del lugar espontáneamente se hicieron presenteante las autoridades judiciales” y de sus testimonios surgió “la identidad de las personas que participaron del programa televisivo, sus edades, el armado de la entrevista, el lugar de su realización, quiénes lo hicieron y el ofrecimiento de $ 5.000 para concretar su presencia ante las cámaras”, detalló.

“Cuando se practicó la inspección del lugar que se afirmaba como de ocurrencia de los hechos bajo investigación, la Comisión Judicial tuvo la oportunidad de hacer saber a las personas que se encontraban allí sobre la razón de su presencia y que si tenían noticias acerca de las mujeres embarazadas refugiadas estaban allí para asistirlas; una de las mujeres que estaba allí afirmó en todo tiempo la noticia, resultando ser la dirigente nombrada por los testigos”, reveló.

Asimismo, López indicó que también se dispuso el pedido de informe a las autoridades civiles de Ingeniero Juárez, esto es al Juzgado de Paz, al Municipio y al Concejo Deliberante, para saber si conocían o estuvieran interviniendo en situaciones que involucren a mujeres gestantes pertenecientes a las comunidades indígenas. “Lo propio se hizo a la señora asesora de Menores, al Registro Civil, al Instituto de Comunidades Aborígenes y al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia”, acotó.

A su vez, el Procurador contó que el personal de Gendarmería Nacional se adentró en la comunidades de El Potrillo y entrevistó de manera directa a sus integrantes, y que así surgió un panorama netamente contrario al relatado en Telenoche Investiga, debido a que “no sólo se verifica la ausencia absoluta de situaciones o siquiera su mención relacionada con mujeres en estado de vulnerabilidad y aterradas, por ninguna causa, sino que el trabajo realizado expone de manera minuciosa y pormenorizada la asistencia estatal que reciben todas las comunidades originarias de la zona”.

En esta línea, expuso que las comunidades de la zona, en mayor o menor medida, cuentan con los servicios de agua y luz eléctrica gratuita, atención médica, en muchos casos domiciliaria, y centros educativos hasta el Nivel Terciario.

Por otro lado, hizo referencia a un informe remitido por el Ministerio de Desarrollo Humano que ilustra “los antecedentes médicos de las mujeres que participaron de la entrevista, especifica sus edades y expresa que las mismas no registran atención alguna por embarazos en el Hospital Eva Perón de Ingeniero Juárez, existiendo sí constancia de otras atenciones, mas no relacionadas con gestación o parto”, dijo el Procurador.

“Acerca de los programas públicos en ejecución desde el Ministerio referido en materia de prevención de embarazos, y en lo particular en qué supuestos se accede a la variable del dispositivo denominado usualmente como ‘chip anticonceptivo’, se explicó que esa intervención es realizada por profesionales específicamente entrenados, siempre contando con los formularios de consentimiento informado”, aseveró.

Para López la labor desarrollada por el equipo periodístico del canal TN “no ha tenido otro objetivo más que la publicación de una situación inexistente, un ‘montaje’ como han dado en llamar los lugareños”.

Sumado a esto, advirtió que el informe no fue puesto de manera seria y formal en conocimiento de ninguna autoridad competente de la Provincia con facultades para intervenir en la situación y desentrañar lo que verdaderamente ocurría, sino que fue “el propio Ejecutivo provincial, quien a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo solicitó ante la Justicia la inmediata intervención en el caso y la investigación de los hechos que supuestamente ocurrían” y que “pese a todo el trabajo investigativo realizado, no fue posible establecer sus circunstancias de modo tiempo y lugar”.

Por último, el Procurador General recordó que la gravedad de los hechos presentados como ciertos en la entrevista y que merecieron tratamiento judicial se centra en que se estaba ante la posible comisión de “delitos de lesa humanidad, esto es, desaparición forzada de personas y violencia institucional del Estado, por lo que si era de interés de los periodistas y si a su parecer las instituciones locales no le brindaban garantías, tenían a su alcance a las autoridades nacionales que trabajan en la zona, es decir, Gendarmería Nacional (Las Lomitas e Ingeniero Juárez) Policía de Seguridad Aeroportuaria o Ejército Argentino (Las Lomitas) por ante quienes podían y debían realizar la denuncia correspondiente si acaso los fines que los movilizaban eran de personas de bien”.