La pandemia puso en jaque al mundo y afectó aún más la situación social de países como la Argentina. Dicha emergencia sanitaria dejó de lado otras problemáticas, aunque hay una de interés público que no puede pasarse por alto en las actuales circunstancias: la inseguridad alimentaria.

La industria de los alimentos, integrada por diferentes cadenas agroalimentarias, estuvo exceptuada de restricciones desde el inicio de la cuarentena. Cuando se habla de este sector, la mayoría imagina a grandes productores de alimentos o al campo. Pero lo cierto es que está integrado no sólo por aquellos establecimientos elaboradores, sino además por todo un conjunto de actividades que posibilitan el acceso de los alimentos a cada hogar.

Conforman las cadenas agroalimentarias desde el productor de materias primas hasta el transformador de productos (harinas, golosinas, lácteos, carnes, conservas...). Luego están los transportistas, que abastecen a los supermercados mayoristas y minoristas, a otros distribuidores, a almacenes, a carnicerías, a verdulerías, a quioscos, a estaciones de servicio que tienen expendio de alimentos, a fiambrerías, a bares, a restaurantes...

Cientos de miles de personas a lo largo y ancho del país intervienen en estas cadenas, sin contar otros actores de alto impacto, agrupados o individuales, que también son productores de alimentos y que con mucho esfuerzo producen, intentan comercializar, autoabastecerse o intercambiar diferentes productos naturales en las ferias.

Varios interrogantes se plantean a la luz de la realidad social que atraviesa el país, agravada por el precio de los alimentos. El principal, si las cadenas en funcionamiento son eficientes. La respuesta es negativa; caso contrario, serían menores el hambre, las enfermedades transmitidas por los alimentos (el síndrome urémico hemolítico, la salmonelosis, el botulismo o la triquinosis), la desnutrición infantil y las dificultades que en general existen para defender la denominada “mesa de los argentinos”.

El COVID-19 puso al descubierto, entre otras falencias de los países en vías de desarrollo que se vieron obligados a intensificar sus planes asistenciales, la ausencia de soberanía y de seguridad alimentaria. Dos ejes fundamentales que incluyen el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos; la disponibilidad de recursos para la producción de éstos de manera segura, nutritiva y culturalmente apropiados; la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus comunidades.

Como toda crisis, el estallido de coronavirus provocó el aumento de la pobreza y de la desnutrición, y volvió a exponer la indignidad de entregar tarjetas, cajas alimentarias o dinero circunstancial a familias vulnerables.

La expresión “pan para hoy, hambre para mañana” supone beneficios a corto plazo sin pensar en el futuro. Así viene el “granero del mundo” desde hace varias décadas, produciendo alimentos para 400 millones de personas en todo el planeta, pero sin políticas transformadoras y sostenibles que garanticen el derecho humano a alimentarse de su escasa población.