SUBTENIENTE PERÍN - En diálogo con La Mañana, Auden Charoles, revisor de cuentas titular de la Asociación Civil de San Carlos, informó que el jueves volvieron a radicar una denuncia ante la Comisaría de Perín por el ingreso de un obrajero que con equipo cargó y retiró unos 100 troncos de algarrobo y quebracho colorado, que fueron cortados el año pasado en el marco de un desmonte que comenzó a realizarse sin la debida autorización ni conocimiento de la asamblea de la comunidad.

“En octubre del año pasado tuvimos un gran problema por autorizaciones para desmontar el monte nativo de nuestra comunidad de San Carlos (jurisdicción de Subteniente Perín). Con todas las presentaciones realizadas eso se paró pero el jueves. Nuevamente ingresó el obrajero porque el año pasado cortaron unos 100 ejemplares de algarrobo y quebracho colorado y como hubo una discusión y no se llegó a ningún acuerdo, se dejaron las maderas en la cancha”, arrancó explicando el referente indígena.

Durante la entrevista refirió también que “cada tanto hacemos llamadas telefónicas al Ministerio de Gobierno preguntando por este tema y siempre nos dicen que el permiso caducó, que ya no está más. Ahora, con el tema de la venta de esas maderas ya cortadas tiene que haber consenso dentro de la comunidad y la comisión directiva de la Asociación Civil”.

Atropello

En ese marco, el jueves último volvió a ingresar a la comunidad de San Carlos el obrajero -que había realizado la tala de esos 100 ejemplares-, junto a todo el equipo, cargó las maderas en un camión y acoplado, llevándoselas. “Esto nos genera una tristeza enorme porque es un nuevo atropello a nuestros derechos reconocidos constitucionalmente y porque el permiso que guió a este señor para entrar a la comunidad fue otorgado a través del MPyA”, aseguró Charoles, para sumar que en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la asamblea de la comunidad no se había reunido ya que “esperábamos que se levante la cuarentena para volver a tratar este tema pero ahora resulta que de manera inconsulta, el presidente de la Asociación y otro integrante de la comisión autorizaron la venta de esas maderas”.

Desde que comenzó este conflicto por el bosque nativo, la asamblea comunitaria había planteado que “el precio que pretende pagar el obrajero por tonelada es irrisorio. Ofrece $ 700 por la tonelada y si se tiene en cuenta que una puerta de algarrobo sale más de 9 mil pesos, para nosotros esto es una gran tristeza”.

“No podemos creer cómo el MPyA autoriza esta venta de maderas cortadas en nuestra comunidad porque con ello se violan los derechos indígenas. Acá existe el derecho consuetudinario que está vigente dentro de las comunidades indígenas y esos son los que están violando hoy, por lo que vamos a seguir denunciando que las comunidades, en este caso no indígenas, tienen que aprender mucho. Por eso hoy vamos a la vía judicial con este tema”, adelantó.

Ante lo ocurrido, Charoles y otros referentes comunitarios se trasladaron el jueves por la noche hasta la sede de la Comisaría de Perín, donde radicó la denuncia correspondiente que dio inicio al expediente Nº 87/20SSP, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial.

En otro tramo de la entrevista, Charoles consideró que “acá el que saldrá ganando será el obrajero que venderá madera de primera calidad y la que sale perdiendo y perjudicada es la comunidad indígena porque se está dañando el ambiente de la comunidad y el bosque nativo que es nuestro sustento y al que hoy lo están destruyendo”.

Asimismo, lamentó que el MPyA “haya autorizado esto sin el consentimiento de la comunidad ni de los cinco integrantes de la comisión directiva. Ante esto que ocurrió ese mismo jueves hablamos por teléfono con Esteban Ramírez del ICA y él nos dijo que no tenía conocimiento sobre que las maderas tenían que salir de la comunidad. También llamé al secretario del ministro González, el Dr. Gabriel Alcaráz, que dijo desconocer esta situación y cuando estuve en la Comisaría radicando la denuncia me mostraron que sí existe una autorización del MPyA y recién ahí nos enteramos, es lamentable”.

Finalmente, Auden Charoles enfatizó que “desde la comunidad de San Carlos queremos denunciar la violación de los derechos indígenas dentro de nuestras comunidades. Esto no sólo pasa acá en San Carlos sino en todas, cada vez que hay un emprendimiento de mucho dinero. Siempre ocurre que el indígena no es consultado ni respetado, cuando tenemos derechos constitucionales que son reconocidos y a nivel provincial tenemos la Ley 426”.