Patricia Mabel López, una de las 30 personas que fueron despedidas de manera reciente en el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de una presentación judicial efectuada con el patrocinio letrado de la doctora Agostina Villaggi, logró que el Superior Tribunal de Justicia ordene a la cartera ministerial restablecerla “al puesto de trabajo que detentaba antes de su desvinculación”.
En lo relacionado con este tema, la doctora Villaggi comentó a La Mañana que se trató de una medida cautelar, debido a que el Superior Tribunal consideró que existía una situación de urgencia que ameritaba tomar esa determinación, porque la demandante, una bioquímica que estuvo jornalizada durante más de 20 años en el ministerio, se encuentra bajo tratamiento oncológico y el despido implicaba la pérdida de la cobertura de salud.
“Legalmente está justificada la reincorporación de los despedidos. En el caso particular de esta bioquímica, desde el STJ se apresuraron a dictar el fallo porque ella se encuentra bajo tratamiento médico. Ya estaba bajo tratamiento al momento del despido. Al ser despedida de manera abrupta, se queda sin cobertura de obra social”, explicó Villaggi a este Diario.
“Las medidas cautelares son sin participación de la otra parte y tiene que estar bien justificado el pedido de reincorporación. En este caso, se valoraron su problema de salud, los años de antigüedad y de trabajo en el área de la Salud pública, porque estuvo en el Hospital Evita, en el Central y en el Hospital de la Madre y el Niño, y lo que fija la normativa provincial en lo que se refiere a la reiteración de los contratos, donde se establece que en carrera sanitaria, cuando hay prórroga de un contrato por más de dos años, se entiende que el empleado pertenece a la planta permanente de la administración pública”, agregó.
“Esto obligó al Superior Tribunal a tomar una decisión rápida y cautelar. Todavía no se resolvió la cuestión de fondo. Se puede seguir discutiendo. Es una medida cautelar y provisoria, pero para nosotros es un gran logro, porque esto era por lo que ella venía peleando, que era volver a su lugar de trabajo y contar con la cobertura médica, para poder seguir con su tratamiento”, aseveró.
A continuación, la letrada dijo que su estudio jurídico también intervino en otros 10 casos surgidos a partir de los despidos realizados en los últimos meses por Desarrollo Humano, seis de Formosa capital y cinco de Ingeniero Juárez, y aseguró que en los casos de otras personas despedidas a las que representa legalmente, el STJ rechazó el pedido de la medida cautelar, porque consideró que “no hay una cuestión urgente a resolver”, por lo cual esos casos “seguirán la vía ordinaria o contenciosa administrativa”, y aclaró que “no todos” los despedidos iniciaron acciones legales.
Para finalizar, Agostina Villaggi precisó que todos los trabajadores despedidos eran empleados jornalizados, con más de dos años de antigüedad, y que el Ministerio no informó al personal los motivos de los despidos. “No hubo ningún tipo de notificación fehaciente a los empleados, a través de resolución administrativa, de que se los estaba despidiendo. Fue todo verbal. Se les comunicó que sus contratos no habían sido renovados y que debían retirarse de sus puestos de trabajo. A raíz de eso, nosotros intimamos a la administración, a través de Cartas Documento, donde se pidió aclarar la situación laboral de las personas despedidas, y el ministerio respondió diciendo que esas personas estaban sólo jornalizadas y que se había vencido el contrato de trabajo, tras lo cual se había tomado la decisión de no renovar”, manifestó.