Durante el primer año de la puesta en práctica de la ley nacional 27.610, se registraron 688 interrupciones voluntarias del embarazo en el Chaco.

La cifra forma parte de un informe que reunió las acciones institucionales entre los estados nacional, provinciales y municipales.

Si se tiene en cuenta solo la cifra total, la provincia ocupa el puesto 16 y contrasta con otras del Norte argentino con semejante proporción de habitantes.

En el NEA guarda relación con Corrientes (611) y Misiones (597), aunque dista bastante de Formosa, que solamente reportó 273 (última jurisdicción de la tabla).

Mientras que entre las provincias del NOA sobresalen las 4000 interrupciones relevadas en Tucumán y las 3000 en Salta, casi el doble de las de Jujuy (1700).

Un extenso trabajo de casi cuarenta páginas fue redactado por equipos de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y de la Secretaría de Acceso a la Salud de la Nación.

Además de datos estadísticos las páginas incluyen tareas de ‘fortalecimiento institucional, de aseguramiento de provisión de insumos, capacitación y consensos‘, entre otros aspectos.

Entre los aportes se edita también una experiencia con referentes de Católicas por el Derecho a Decidir en Formosa.

DEMANDAS PROVINCIALES

El Chaco además es una de las provincias que recibió asesoramiento legal para garantizar la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo.

En total fueron catorce las jurisdicciones del país donde se presentaron demandas judiciales para impedir el cumplimiento de la ley.

De acuerdo con el informe, el asesoramiento legal fue una parte de las políticas que acompañó la implementación.

La línea de trabajo incluye intervenciones en causas judiciales, actuaciones administrativas relacionadas con posibles incumplimientos de obligaciones y vulneraciones de derechos.

También informes técnico- jurídicos, análisis y respuesta a pedidos de información formulados por actores públicos y de la sociedad civil. El acompañamiento abarca asistencia técnica a equipos provinciales en aspectos legales.

En los objetivos se ofrece asistencia técnica legal para el abordaje de las causas judiciales, dar asesoramiento legal a los servicios de salud y equipos provinciales.

Otro de los aspectos es propiciar asistencia técnica en la detección temprana y prevención del abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, asesoramiento técnico a las diferentes áreas, ofrecer capacitación legal a los equipos de salud y fortalecer el abordaje de temas estratégicos en materia de derechos sexuales y reproductivos.