La Defensoría del Pueblo, a través de su Dirección de Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo, realizó un análisis de la flamante Ley Nacional Nº 27.551, entrada en vigencia a comienzos de este mes y que vino a modificar y regular aspectos fundamentales de las relaciones entre locatarios (inquilinos) y locadores (dueños) de inmuebles destinados a vivienda familiar.

La norma que rige para los nuevos contratos fue sancionada por el Congreso el pasado 11 de junio. Quienes tienen un contrato en marcha se encuentran amparados por el Decreto del Gobierno que, en el marco de la pandemia, congeló los valores de los alquileres en curso y autorizó la renovación automática de los contratos hasta el 30 de septiembre.

En otra situación se encuentran quienes hoy tienen que cerrar un contrato de alquiler porque la nueva ley ya impactó con una suba en los precios de publicación de los alquileres y denuncian que los precios de los alquileres son los más caros de los últimos años, representando “el 50% promedio de los salarios”.

Sobre este tema, el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, manifestó que “resultan altamente positivos, pues ponen fin a abusos que eran cometidos en perjuicio del inquilino, quien se halla en desventaja al momento de contratar y cimentan las relaciones entre ambas partes contratantes en la locación de inmuebles destinados a vivienda familiar, pues se establecen normas claras”.

Como aspectos negativos de la norma, advirtió que “puede verse un intento de avance de la legislación federal sobre la materia procedimental en los juicios vinculados a las demandas por incumplimientos de contratos de locación, recordando que tal aspecto se halla reservado a las provincias”.

“Asimismo –añadió-, la tutela de los derechos de los inquilinos puede verse afectada, pues algunas de sus previsiones no fueron consideradas de orden público, lo cual queda librado a la voluntad de los contratantes su aplicación, sabiendo que dicha voluntad está muy limitada en quien tiene la necesidad de alquilar una vivienda para establecerse con su familia”.

Finalmente, el funcionario provincial destacó la novedosa implementación del Programa Nacional de Alquiler Social, que tendrá por objeto asegurar el acceso a la vivienda familiar, alquilada, de sectores socioeconómicamente vulnerables de la comunidad.