"Si el gobierno quiere un nuevo octubre, nos verá a los trabajadores, a los maestros, a los médicos, a los estudiantes en las plazas y calles del país", advirtió Jorge Escala, ex presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), al diario local Expreso, durante una de las manifestaciones más importantes de la jornada, en el centro de Guayaquil.

En octubre pasado, millones de ecuatorianos se movilizaron en todo el país y, la mayoría a Quito, donde paralizaron la capital y forzaron al presidente Lenin Moreno a trasladar la sede de gobierno a Guayaquil, corazón económico del país.

La presión popular logró que el gobierno suspenda la eliminación de los subsidios a los combustibles, la medida que desató las protestas, y consiguió abrir un diálogo con el movimiento indígena -protagonista de las manifestaciones-, aunque éste duró poco y no produjo ningún resultado importante.

Ocho meses después y pese a estar sufriendo uno de los peores brotes de coronavirus de América Latina y una profundización de su crisis económica, el gobierno de Moreno volvió a cambiar el sistema de precios de los combustibles y, además, sumó una ley de flexibilización laboral, otra de topes presupuestarios y una serie de decretos de ajuste estatal.

"La ley les permite botarnos sin pagarnos liquidaciones. No somos una estadística, somos personas con familias. ¿Cómo vamos a comer?", cuestionó Dalia Carrasco, miembro de la Asociación de Agencias Turísticas de la ciudad, en referencia a la llamada Ley de Apoyo Humanitario, que habilita reducciones salariales, de la jornada laboral y uno nuevo tipo de contrato sin indemnización.

En los últimos meses, más de 37.300 personas se infectaron con coronavirus, mientras que más de 5.200 fallecieron por cuadros confirmados de Covid-19 o sospechosos que no pudieron ser testeados.

Mientras el epicentro del brote, Guayaquil, comenzó a registrar una ralentización en el aumento diario de casos y muertos, la situación se ha vuelto crítica en Pichincha, la provincia donde se encuentra Quito, ya que la capacidad hospitalaria, especialmente de las unidades de terapia intensiva, están casi al límite.