La jueza Preska no hizo lugar a la peticiòn del fondo Burford, que litiga contra la Argentina por la expropiación de YPF en un juicio que podría costarle al Estado US$ 3.000 millones. Sucedió tras pedirle a la jueza Loretta Preska -que lleva la demanda en la corte del distrito Sur de Nueva York- que desestimara una presentación del Gobierno de Mauricio Macri. El país quiere acreditar que los tribunales argentinos son competentes para dirimir el litigio.

Preska no hizo lugar a la petición de Burford y resolverá el planteo argentino, cuyo nombre técnico es "moción de forum non convenience".

En esa presentación, la República Argentina e YPF quieren demostrar que el juicio se puede hacer en tribunales argentinos y no en los estadounidenses.

El reclamo lateral sobre jurisdicción de la causa llevó varios años, pero la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos finalmente prefirió ni siquiera analizar el tema. Los abogados del Estado argentino y de YPF –y los bufetes que los representan– y los de Buford Capital, el estudio que cotiza en la bolsa de Londres y que compra litigios importantes en todo el mundo (por eso muchos lo comparan con un "fondo buitre"), se encontraron este mediodía en el estrado de Loretta Preska, la jueza de primera instancia del distrito sur de Manhattan.

"Fue una muy buena reunión. El forum non conveniens es uno de nuestros argumentos centrales y la jueza lo va a analizar. Las partes van a contestarme sobre la cuestión con presentaciones, habrá un ida y vuelta y en unos días definirá qué hacer", dijo uno de los presentes en la audiencia.

"Hay elementos para acreditar el caso que no habían sido anteriormente por Preska porque la contestación argentina que hizo el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner no los había aportado", explicó una fuente oficial.

Burford solicitó un rechazo "in limine", pero no lo obtuvo.

Ahora, se estima que la jueza se tomará un par de meses para decidir sobre el planteo argentino.

Puede mandar a juicio a la Argentina o iniciar los procesos de "discovery", que es el tratamiento de defensa propuesto por el Gobierno.