El presidente del bloque justicialista en la Cámara de Diputados, Agustín Samaniego, aseguró que las protestas sociales desde los sectores público y privado aumentarán en el país en rechazo a la “salvaje política fiscal” del Gobierno nacional, señalando al conflicto salarial de docentes y policías en Misiones como un fenómeno que podría multiplicarse en próximas provincias, ante un escenario económico de crisis por la abrupta devaluación, la caída del salario y la fuerte recesión.

“El país está sacudido por este plan de ajuste cruel y salvaje que aplicó el presidente Milei sobre las cuentas públicas, creyendo que la solución a la economía pasa por reducir el déficit fiscal con recortes y bajando la inflación, que sólo es anecdótico porque en medio de la fuerte recesión, cómo van a aumentar los precios si nadie compra o nadie consume”, dijo.

Y añadió: “lo que hoy ocurre en Misiones, con docentes y policías en acampes protestando por mejoras salariales, se va ver en varios lugares de la Argentina. La gente, no sólo del ámbito público, sino también del privado, está reaccionando producto de la devaluación de la moneda, el ajuste terrible, la caída de la actividad económica y sobre todo de los salarios. El malestar social está aumentando y las protestas seguirán creciendo en las provincias”.

En este escenario nacional, Samaniego dijo que Formosa fue alcanzada por la política de ajuste del Gobierno nacional con el plan motosierra, sufriendo la quita de recursos coparticipables y la paralización de la obra pública, un sector de la economía local fuertemente afectado con miles de despidos.

“La provincia está dañada por dos vías, con la quita de fondos y la eliminación de la obra pública, más un tercer factor que es la situación económica en general. El presiente Milei cree que quitando recursos está perjudicando al gobernador, pero en realidad el daño es para la gente que vive en la provincia”, opinó.

Por último, Agustín Samaniego insistió con la idea de que la Ley Bases (actualmente en el Senado sin dictamen de mayoría) “no tiene ningún punto que beneficie al pueblo” y todos sus articulados “están direccionados a favorecer a los grupos concentrados de la economía nacional, como los fabricantes de alimentos, bancos y petroleras.