En un contexto en el cual existe incertidumbre en aquellos sectores relacionados con la producción y comercialización de naftas convencionales por las limitaciones a los aumentos de los precios finales y los efectos de la pandemia, resulta de gran importancia que las autoridades apuesten al desarrollo de combustibles alternativos, para así contribuir a que el país pueda alcanzar la soberanía energética en algún momento.

De manera reciente, en la Cámara de Diputados de la Nación fue presentado un proyecto de ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2024 el Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, instituido por la Ley 26.093 y próximo a expirar.

Esta iniciativa tiene como objetivo incentivar la elaboración de un plan estratégico en materia de políticas bioenergéticas a largo plazo, independiente de los gobiernos de turno, con consensos sociales y compromisos claros respecto a metas de emisión de gases de efecto invernadero para mitigar y reducir los efectos del calentamiento global.

Cabe recordar que de acuerdo a algunos analistas, los biocombustibles son productos energéticos que reducen significativamente la huella de carbono y su utilización genera un ahorro superior al 75% en la emisión de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del aire que se respira en las ciudades.

Por otra parte, el proyecto de ley también propone que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diesel oil deberá ser mezclado con biodiesel en un porcentaje del 15% como mínimo, entre otras cuestiones.

En paralelo, las autoridades deben atender la situación de las empresas elaboradoras de biocombustible, que en la actualidad demandan el urgente aumento del precio de su producción, que se encuentra “congelado” desde diciembre de 2019, para poder evitar una quiebra masiva de compañías de ese sector.

El problema de fondo en lo concerniente a estas cuestiones es la falta de una política energética de largo plazo en nuestro país, que tenga una mirada estratégica y que piense en los principales requerimientos que puede haber en el futuro.

En este marco, medios nacionales detallaron que al igual que en el resto del mundo, en Argentina los combustibles fósiles dominan la matriz energética primaria, donde se destaca el gas natural; y se remarcó que la política energética del país debe basarse en dos criterios que son pilares para el crecimiento y la igualdad: seguridad energética y accesibilidad. La energía es la base del funcionamiento de nuestra sociedad, por lo cual es conveniente establecer políticas que apunten a lograr el autoabastecimiento. Al mismo tiempo, la energía es un derecho, y debe ser accesible a todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por lo expuesto, la existencia de iniciativas legislativas que se relacionan con los requerimientos energéticos de la Argentina debería motivar un análisis serio por parte del Ejecutivo nacional y de otros ámbitos, para que cada sector haga su contribución tendiente a evitar que a los diversos emprendimientos que hoy se encuentran en crisis por la pandemia y por otros motivos, haya que sumar las empresas elaboradoras de biocombustible.