Hace apenas un año, el 80 por ciento de los/as docentes se encontraba por debajo de la línea de pobreza en la Argentina. Un dato doloroso que refleja el bajísimo nivel salarial de maestros/as y profesores/as en todo el país. No resulta difícil imaginar la situación actual del sector.
Claro que la docencia no es la única castigada por la nueva crisis; todas las profesiones y oficios -así como las actividades económicas- se encuentran afectadas por la emergencia sanitaria. El problema con los/as educadores/as es que su situación viene deteriorándose desde mucho antes.
Según un relevamiento realizado en 2019 por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la crisis económica previa al SARS-CoV-2 ya afectaba a gran parte de la sociedad con numerosos despidos, cesantías, trabajos informales, subocupación y desocupación en los últimos años. En este contexto, muchas familias luchan por subsistir debajo de la línea de la pobreza porque el único ingreso formal con el que cuentan es el de una docente que trabaja en blanco, ya que el resto de los miembros apenas si efectúa alguna changa.
Apuntándole a la administración macrista, el Sadop decía que el Gobierno “incumple con su rol de velar por el bienestar del pueblo y por el cumplimiento de todos los derechos constitucionales, particularmente por los derechos libertarios y los protectorios relacionados con el mundo del trabajo” y denunciaba que “el Estado nacional, una vez más, se des-responsabiliza de su rol de garante en la observancia de esos derechos y traslada su deber a los gobiernos provinciales”, luego de “voltear todos los ámbitos de negociación, especialmente los relacionados con la paritaria federal docente y con las cámaras empleadoras privadas”. La consecuencia más dramática de esa política, concluía, “ha sido la dispersión salarial entre docentes de cualquier punto del país al no haberse definido un piso que permita equiparar y dignificar su labor”.
Con relación a los dueños de las escuelas de gestión privada, el mencionado sindicato mantiene una postura de reclamo en el sentido de que observen “un protagonismo central para que los trabajadores docentes no vean más deteriorado el poder de compra de sus míseros salarios”.
Vale recordar que un gran número de colegios de gestión privada, además de recibir un subsidio estatal para abonar los sueldos de los/as trabajadores/as, también perciben fuertes ingresos en concepto de cuotas (que en muchos casos hoy siguen cobrando) y de matrículas para su funcionamiento.
La educación no debería ser una simple mercancía al alcance sólo de familias que puedan pagarla, en detrimento de lo que debiera ser un derecho personal y un bien social. Pero tampoco es aceptable que el servicio educativo valga tan poco en la Argentina.
Nación y provincias tienen, entre los desafíos más urgentes tras el coronavirus, lograr una justa y lógica distribución de los ingresos para todos/as los/as docentes, quienes con su dedicación y su compromiso diario ayudan a sostener, aún en cuarentena, los idearios y los proyectos educativos en las instituciones de enseñanza.