La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolin, investiga el hackeo de las bases de datos del RENAPER, donde entre las licencias intrusadas fueron exhibidas la del presidente Javier Milei, la de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y la de Luis Petri, de Defensa, las que fueron ofrecidas en venta en la red social X.
Desde la Dirección de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo de la provincia solicitaron al director nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Pablo Santos, y a la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Daniela Fernanda Ortiz, que adopten las medidas urgentes que el caso amerita, ante la “filtración” de datos de cerca de seis millones de personas, información vinculada con la expedición de permisos de conducir.
Sobre el particular, el defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, calificó al hecho de “muy grave” y consideró que las autoridades nacionales “no le están dando importancia a este tema”.
Advirtió que bases de datos, código fuente, API, contraseñas, fotos y huellas, que consisten en datos sumamente sensibles para los afectados, se están poniendo en venta en el mercado marginal.
“¿A qué puede llevar esto?”, cuestionó el funcionario, “a la exposición de millones de personas a ciberfraudes de toda clase, con directa afectación a su patrimonio. Hemos tomado conocimiento de un comunicado ambiguo de parte del Gobierno nacional, pues afirma que no ha existido hackeo para, a renglón seguido, afirmar que han sido delincuentes informáticos (hackers) quienes han accedido a un número limitado de datos personales”, añadió.
El ombudsman provincial remarcó que “no se tiene certeza del número de formoseños afectados, pero si los hubiere, bueno sería que sean prevenidos de tal circunstancia tanto por el RENAPER como por la ANSV, a efectos de que adopten las medidas de prevención del caso”.
“Estimamos que lo deberían hacer, pues son los depositarios de la información sustraída ilegalmente y eventuales responsables de las consecuencias que pudieran derivarse de su negligencia”, manifestó Gialluca, concluyendo que desde el organismo provincial se ha solicitado a los organismos nacionales que adopten cuantas medidas sean necesarias para evitar que hechos como el ocurrido se repitan.